El año 2013 pareció el momento crucial, después del largo camino que ha recogido la pieza, que ya se remonta a casi 30 años
Omar Alejandro Pérez
Coordinador Unidad de Partidos Políticos
(Santo Domingo, 23 de julio de 2013). El Proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas elaborado por la JCE continúa sin ser aprobado a más de dos años de haber sido introducido al Congreso. Todo indica que su largo periplo continuará allende la presente legislatura, que termina esta semana.
El año 2013 pareció el momento crucial, después del largo camino que ha recogido la pieza, que ya se remonta a casi 30 años. Los más connotados líderes políticos y representantes de la sociedad civil han levantado su voz a favor del tópico y lo convirtieron en solemne compromiso para este año.
Sin embargo, entrada la segunda mitad de 2013, el tema ha sido desplazado por asuntos coyunturales y no logra posicionarse en la agenda política.
Este artículo pretende aportar al conocimiento del largo recorrido de la intención de diseñar y aprobar una ley de partidos políticos en República Dominicana, sus incidencias y protagonistas. Sus hasta llegar a este momento -aparentemente- crucial en la aprobación de una ley de partidos en el país, es lo que pretende narrar sucintamente este artículo.
La propuesta de Caonabo Fernández
Ya en mayo de 1985 la idea de ley de partidos en República Dominicana había sido percibida como una necesidad. En esa ocasión, Caonabo Fernández, entonces presidente de la Junta Central Electoral (JCE), anunció la elaboración de un proyecto de ley que regularía específicamente a los partidos y que derogaría disposiciones de la Ley Electoral. Caonabo Fernández concebía el proyecto como una herramienta de institucionalización y afirmaba que su objetivo fundamental era “consolidar a los partidos mayoritarios, desalentar a los que no tienen una militancia significativa y erradicar a los que no tienen ninguna militancia”.
Pero, la atención política de entonces estaba enfocada en los comicios de 1986. Los partidos y la misma Junta se concentraron en la definición de la boleta electoral que se utilizaría en las elecciones y en la reforma a la ley electoral, para que la Junta pasara a controlar la Dirección Nacional de la Cédula de Identidad.
Existe una versión digitalizada en la página web del OPD de la propuesta de Ley Orgánica de Partidos elaborada a instancia de Caonabo Fernández, fechado en enero de 1987 (http://www.opd.org.do/index.php?option=com_content&view=article&id=1239:proyectos-de-ley-de-partidos&catid=282:hacia-una-ley-de-partidos&Itemid=294).
El Proyecto CONARE-Sociedad Civil
A finales de los noventa, la entonces Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRYME), bajo la dirección de Onofre Rojas, inició discusiones sobre el estatuto jurídico de los partidos políticos. Fruto de este esfuerzo, en julio de 1999, COPRYME presentó el primer ante proyecto de ley de partidos, elaborado con la participación de personalidades y organizaciones de la sociedad civil, el ámbito académico y la vida política, incluyendo representantes de la JCE.
El proyecto COPRYME no prosperó, pero las discusiones, talleres y encuentros continuaron, ahora en un COPRYME transformado en Consejo Nacional Para la Reforma del Estado (CONARE). Como resultado de estos diálogos, en junio 2003, la entonces diputada reformista Licelotte Marte de Barrios introdujo un nuevo proyecto de ley de partidos políticos a la Cámara de Diputados.
El Proyecto CONARE expiró y fue reintroducido en varias oportunidades, pero nunca fue abordado en el hemiciclo. En el marco constitucional anterior, que disponía la celebración de elecciones cada dos años, los esfuerzos por una ley de partidos colisionaban con las campañas electorales y con preocupaciones coyunturales de los partidos sobre sus posibles efectos en el proceso electoral.
El Proyecto Cámara de Diputados
El diputado Ángel Acosta reintrodujo en Proyecto CONARE a la Cámara de Diputados en febrero 2007. Considerando las observaciones hechas por la comisión que lo estudió, Acosta reformuló el proyecto y lo introdujo nuevamente el 5 de agosto de 2008.
El proyecto que se originó en la Cámara de Diputados difería de los proyectos anteriores en varios puntos. Contemplaba, por ejemplo, pasar la titularidad de los cargos electivos a los partidos políticos; elevar de 2% a 5% el umbral de votos para el reconocimiento y mantenimiento de la personalidad jurídica de los partidos; y establecer primarias simultáneas y con padrón abierto.
El proyecto perimió el 25 de febrero de 2009 y fue reintroducido el 3 de marzo del mismo año. El 11 de agosto de 2009, faltando 4 días para el fin de la primera legislatura ordinaria, que había sido prorrogada, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados.
En esos momentos, había posiciones encontradas al interno de la JCE con respecto al proyecto. Julio César Castaños Guzmán,entonces presidente de la JCE,consideraba que la ley era inviable por la falta de tiempo para cumplir con el cronograma establecido para la celebración de las elecciones primarias de los dos partidos en vistas a las elecciones congresuales y municipales de 2010. Sin embargo, Roberto Rosario, entonces miembro titular y presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, pensaba que si la ley era aprobaba en agosto, podía aplicarse sin inconvenientes.
El proyecto perimió al concluir la segunda legislatura de 2009.
En agosto 2010, el diputado Máximo Castro Silverio y el diputado Alfredo Martínez reintrodujeron el proyecto de Acosta casi sin modificaciones. La propuesta conocida como Proyecto Cámara de Diputados volvió a perimir y fue reintroducida en agosto de 2011.
El Proyecto JCE
Pasadas las elecciones congresuales y municipales de 2010, la JCE organizó una serie de eventos y consultas para la elaboración de una proyecto de ley de partidos. El 15 de junio de 2011, la JCE depositó en la Cámara de Diputados su proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas. El proyecto parte del elaborado por el ex diputado Ángel Acosta y es muy similar en estructura. Sin embargo, difiere en elementos neurálgicos. Por ejemplo, deja a los partidos decidir la fecha y el tipo de padrón a utilizar en las primarias; no otorga la titularidad de los cargos electivos a los partidos y es menos riguroso respecto a la extinción de los partidos, manteniendo el 2% como requisito. Sin embargo, elimina la representación municipal como garante del reconocimiento de los partidos.
La iniciativa generó de inmediato numerosos comentarios, tanto respecto al contenido como respecto a su aprobación. En ese orden, Eddy Olivares, miembro de la JCE, indicó que el proyecto era precipitado, entendiendo que era más urgente que se reformara la ley electoral primero. Indicó además que ambas iniciativas deberían ser unificadas.
Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, declaró el proyecto como uno de los retos de la segunda legislatura ordinaria de 2011. La Cámara de Diputados conformó una Comisión Bicameral para estudiarlo, presidida por la diputada Karen Ricardo. Sin embargo, con el correr de los meses y al acercarse el año electoral de 2012, la coyuntura electoral sacó de agenda la regulación de los partidos políticos. En noviembre, el mismo Abel Martínez indicó que unaley de partidos políticos debía ser sensata y estar descontaminada del proceso electoral. Precisó, en ese sentido, que “debemos sentarnos todos fuera del fragor político, crear una ley de partidos políticos adecuada, no que sea fruto de la presión, prefiero que se conozca luego de un debate serio, sin intereses ni prejuicios, para que rija la norma de cada partido, pero también del sistema de partidos políticos y electoral".
El Proyecto PRD
El 23 de agosto de 2012, el sector oficial del PRD, encabezado por Miguel Vargas Maldonado, entregó al Presidente de la JCE, un Proyecto de Ley de Partidos y Garantías Electorales. Del hecho llama la atención que no se presentaran observaciones, como pidió la Comisión Bicameral, sino todo un nuevo proyecto.
Al ser entrevistada por el OPD, la diputada Karen Ricardo, quien preside la Comisión Bicameral conformada para analizar la propuesta de la JCE, precisó que el hecho constituía lo que los abogados llaman una táctica dilatoria. La diputada señaló que en esos momentos la Comisión Bicameral comparaba el proyecto de la JCE con el de la Cámara de Diputados (el introducido por el diputado Máximo Castro), por lo que ya eran tres proyectos.
El momentum
Desde las pasadas elecciones del 20 de mayo de 2012, importantes actores y sectores de la sociedad dominicana han abogado, comprometido esfuerzos y encaminado pasos concretos para que el país cuente con una ley de partidos y agrupaciones políticas.
El 21 de mayo de 2012, durante la alocución realizada por el presidente electo Danilo Medina en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, afirmó que sabía que los partidos pequeños habían competido en las peores condiciones y consideró una necesidad la aprobación de una ley de partidos. El Comité Político del PLD discutió la propuesta de la JCE en una reunión celebrada el 17 de junio de 2012. El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, que preside la comisión del PLD que estudia el proyecto, declaró en marzo 2013 que ese partido ya tenía una postura lista y que solo esperaba la reunión del Comité Político. Agregó que el presidente del partido, Leonel Fernández, estaba comprometido con la aprobación de la pieza. Desde entonces, el Comité Político ha incluido el tema varias veces en la agenda de su reunión, pero todavía no se ha dado a conocer la postura oficial del partido.
El 22 de mayo de 2012, Hipólito Mejía convocó a los medios de comunicación al Hotel Jaragua, con el objetivo de establecer su postura respecto a los resultados electorales. En esa ocasión, Mejía declaró la ley de partidos como una prioridad. Casi un año después, el 8 de abril de 2013, Mejía visitó al presidente Danilo Medina, junto a dirigentes de su tendencia. Uno de los temas principales del encuentro fue la búsqueda de consenso en torno al proyecto de ley de partidos. Ocho días más tarde, el 15 de abril de 2013, la tendencia de Mejía se reunión con la alta dirigencia del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para conocer sus observaciones al Proyecto de Ley de Partidos de la JCE. Ambas organizaciones coincidieron en que su aprobación favorecería la gobernabilidad. Dos días después, el 17 de abril, Hipólito Mejía visitó al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. En declaraciones posteriores al encuentro, Martínez sostuvo que con el consenso de los dirigentes políticos, el proyecto de ley de partidos se aprobaría en la presente legislatura.
Por su parte, los partidos minoritarios acudieron temprano al llamado a presentar propuestas. El 27 de junio de 2012, la Comisión Bicameral del Congreso que estudia el proyecto otorgó un plazo de 30 días a los partidos para que hicieran sus observaciones. Los partidos pequeños lanzaron duras críticas al Proyecto JCE, especialmente al régimen de reconocimiento y pérdida de la personalidad jurídica. Lo acusaron también de favorecer el bipartidismo.
El 14 de enero de 2013, la FINJUS entregó un pliego de observaciones a la Comisión Bicameral. Lo mismo hizo la tendencia del PRD liderada por Hipólito Mejía el 4 de abril. Aunque fueron tratados por los medios como proyectos independientes al de la JCE, en realidad se trató, en ambos casos, de matrices de observaciones al Proyecto JCE.
Por momentos, pareciera que el largo periplo de la ley de partidos llegará a su fin en 2013, sin embargo, considerando experiencias anteriores, asecha la incertidumbre. Se acerca el fin de la Primera Legislatura Ordinario y -en los hechos- no luce un tema prioritario de la agenda legislativa. Pero sobre todo, al momento de abordar aspectos críticos sobre la futura configuración de los partidos políticos en República Dominicana, la real voluntad política quedará al descubierto y la capacidad de consensuar de los actores se verá a prueba.
