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Los integrantes de la Cámara de Diputados, hasta el año 2010, se escogían a razón de uno por cada 50,000 habitantes o fracción mayor de 25,000, sin que en ningún caso fueren menos de 2 por cada provincia. La reforma constitucional del año 2010 estableció un nuevo sistema para calcular la cantidad de los diputados, fijando en 178 la cantidad total de ellos que se eligen en las circunscripciones locales y abriendo la posibilidad de variaciones, de un cuatreño electoral a otro, en la cantidad de legisladores que corresponden a cada provincia.

Colaboración externa1

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La cercanía de las elecciones puede ser considerada por algunos como causa y por otros como excusa para posponer la discusión sobre la ley de partidos.

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El supuesto de que la identificación de los donantes a las campañas electorales y a los partidos constituye un elemento importante para transparentar la actividad política y proteger la democracia goza hoy de gran aceptación.

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 El objetivo de este análisis es presentar las soluciones adoptadas por 17 países de Iberoamérica en contraste, por un lado, con la legislación electoral vigente en República Dominicana y, por el otro, con el Proyecto de Ley Orgánica Electoral que promueve la Junta Central Electoral.[1] Sin embargo, el trabajo no se orienta a explicar las desventajas o las ventajas que devienen de cada una de los escenarios que en parte configuran las legislaciones, sino a poner a disposición de los actores y la ciudadanía pistas que contribuyan al debate.