Las políticas públicas frente al feminicidio

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En República Dominicana el feminicidio se ha convertido en un problema social de alta incidencia y graves consecuencias, que afecta profundamente la paz e impulsa la desintegración de las familias.

 

Greidys Joel Roa Chalas
Colaborador

Santo Domingo, 11 de septiembre de 2014

Introducción

El feminicidio, considerado como el asesinato selectivo por razones de género, conforma el último eslabón de las diversas formas de violencia contra las mujeres. Cuando el asesinato es cometido por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o afines a estas, se conoce como feminicidio íntimo (CEPAL, 2007).

Existen diversos factores asociados a ese tipo de crimen. Entre ellos se pueden citar que las víctimas provienen de hogares violentos, fueron socializadas con roles inequitativos, iniciaron uniones de parejas a muy temprana edad y su bajo nivel educativo se traduce en limitadas oportunidades de superación que las lleva a ser económicamente dependientes de sus parejas.

La ocurrencia de feminicidios en el país es tan común que al finalizar junio de este año 2014 ya se habían reportado 45 casos. La percepción general es que los registros han aumentado progresivamente durante los últimos años sin que se haya desarrollado forma alguna para enfrentar esta compleja situación.

En virtud de las informaciones planteadas, este documento pretende revisar la situación del feminicidio en otros países para determinar aquellos que han reducido su incidencia y a través de esos casos plantear opciones que permitan responder a la pregunta ¿qué podemos hacer?

Los datos mostrados en este análisis se refieren únicamente al feminicidio de tipo íntimo.

Situación en República Dominicana

En el año 2008 se registró la tasa más alta de feminicidios íntimos: 1.36 mujeres por cada cien mil habitantes, tal como lo muestra el Gráfico No. 1.

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Luego de experimentar una significativa reducción durante el año 2009 (0.94), la tasa retomó la tendencia alcista hasta volver a niveles preocupantes en 2011. Sin embargo, durante los años siguientes se observa un comportamiento descendente que suma una disminución de 49 % en los últimos dos años. De acuerdo con el Ministerio Público, esa reducción se debe al aumento de la capacidad de respuesta a través de las 17 unidades de atención a víctimas de violencia de género que funcionaban a escala nacional para esos años (Diario Libre, 2014).

En contraste, la información suministrada por el Gráfico No. 2 indica que durante los primeros seis meses de 2014 la incidencia ha mostrado un ascenso nuevamente. Los datos de la Procuraduría General de la República evidencian un aumento de los feminicidios íntimos: 45 casos en comparación con los 27 sucedidos en el mismo período de 2013. Esto equivale a un incremento de 40 %.

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Esas estadísticas motivan a preguntar qué factores podrían incidir sobre este problema y cuáles opciones de políticas públicas han dado resultado en países con situaciones similares.

Situación en América Latina y el Caribe

La región de América Latina y el Caribe parece ser el lugar donde el feminicidio es más prevalente. La realidad es tan grave en este hemisferio que 14 países de la región se encuentran entre las 25 naciones con mayor tasa de feminicidios. El Salvador encabeza la lista, mientras que República Dominicana ocupa el puesto número 24.

El Gráfico No. 3 muestra las tasas promedio de feminicidios íntimos durante el período 2005-2012 para once países latinos. República Dominicana representa el tercer lugar (1.04), precedida por Honduras (4.11) y El Salvador (7.41). Colombia reporta la tasa más baja: 0.26.

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El carácter regional del feminicidio obliga a preguntar si alguno de los países de la zona ha logrado reducir su incidencia y de qué manera lo hizo. En tal sentido, es oportuno identificar las políticas que las autoridades correspondientes han implementado con el propósito de hacerle frente a ese tipo de crimen.

De los países latinoamericanos incluidos en este análisis, tres han logrado disminuir significativamente los feminicidios íntimos: Perú, Chile y El Salvador, naciones que han implementado ciertas políticas públicas comunes, entre las cuales cabe mencionar la tipificación del feminicidio en leyes que condenan dicho acto con todo el peso de la ley, así como la formulación y puesta en marcha de planes plurianuales que reúnen medidas enfocadas a erradicar este mal.

Con la aprobación de estas leyes, estos países se proponen desarrollar una política criminal con perspectiva de género que fortalezca por un lado, las estrategias de persecución y sanción de los responsables de los hechos de violencia contra las mujeres, y por otro, que garantice la reparación y compensación de las víctimas. El objetivo es reducir la impunidad de manera que la justicia penal cumpla con su función de prevención de la criminalidad.

El caso de Perú

Los países de la región que han mostrado mejores resultados en sus políticas de reducción del feminicidio íntimo están entre los mencionados anteriormente. Perú encabeza la lista, con un descenso acumulado de 16 % durante el período 2009-2012, según lo refleja el Gráfico No. 4.

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La principal política que ayudó a disminuir el feminicidio en Perú fue la puesta en marcha del “Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015”. Este programa plantea la construcción de una sociedad que garantiza a las mujeres, sin distinción de edad, estado civil, nivel socioeconómico, nivel educativo, etnia, capacidad, ocupación, orientación sexual u otros, el derecho a una vida libre de violencia a través del trato digno, del establecimiento de relaciones de igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de patrones socio-culturales discriminatorios en un marco de seguridad y de vigencia plena de los derechos humanos.

En adición, la ley que tipifica el feminicidio como delito autónomo en Perú es la núm. 29819. Promulgada en 2011, esta normativa impone severas penasque podrían llegar incluso a cadena perpetua en los casos donde la víctima sea menor de edad.

El Plan Nacional fue aprobado el 26 de marzo de 2009 y surge para dar continuidad a las políticas y acciones del Estado en materia de erradicación de la violencia hacia la mujer, tras haber culminado la vigencia del “Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer” para el período 2002-2007.

Este plan fue elaborado de manera concertada con autoridades y funcionarios de diferentes sectores, entre ellos los ministerios De la Mujer y Desarrollo Social, De Educación, De Salud, De Justicia, Del Interior y De Relaciones Exteriores. Además, incorpora los aportes de profesionales especialistas en el abordaje del problema de la violencia, de dirigentes comunales y representantes de instituciones de la sociedad civil a escala nacional, regional y local, convirtiéndose en un instrumento de política que implica la acción conjunta del Estado y de la sociedad para lograr tres objetivos estratégicos:

1.Garantizar la implementación de políticas tendientes a enfrentar el problema de la violencia. Este objetivo contó con las siguientes líneas de acción:

  • Se diseñaron estrategias de lucha contra el feminicidio en los distintos niveles de gobierno.
  • La creación de redes sociales comunitarias y de organizaciones de la sociedad civil que se encargan de la vigilancia social.
  • Se incluyeron lineamientos en los planes de gobiernos regionales, planes de desarrollo concertado y presupuestos participativos.

2.Garantizar el acceso de las mujeres afectadas por la violencia a servicios públicos de calidad. Las líneas de acción fueron:

  • La implementación de servicios de salud mental, donde las mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio puedan recibir orientación psicológica.
  • Diseño e implementación de un modelo de casa refugio o protección de mujeres víctimas de violencia.
  • Se incluyó en los currículos de formación de la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, Academia de la Magistratura y Ministerio Público, un curso regular sobre género y derechos de las mujeres.
  • Se fortalecieron los servicios jurídicos gratuitos de los colegios de abogados y el Ministerio de Justicia.

3.Identificar y promover la transformación de cambios en los patrones socio-culturales hacia nuevas formas de relaciones sociales entre mujeres y hombres basadas en el respeto pleno de los derechos humanos. Para lograrlo se realizaron las siguientes actividades:

  • Realización sistemática de estudios sobre tratamiento de la violencia a la mujer en los medios de comunicación.
  • Se incluyó en el Diseño Curricular Nacional (DCN) de las instituciones educativas, contenidos sobre el derecho a una vida libre de violencia.
  • La incorporación de los temas de violencia hacia la mujer, acoso y abuso sexual, en las guías, módulos y programas de capacitación dirigidos a docentes y escolares, así como estudiantes de educación superior.
  • Se desarrolló una campaña nacional contra la violencia hacia la mujer y las niñas.
  • Formación de facilitadores para realizar campañas casa por casa, contra la violencia familiar y sexual.

El caso de Chile

Chile ha mostrado un comportamiento descendente en los últimos tres años, tal como lo muestra el Gráfico No. 5. Esa conducta lo ha posicionado como el país de América Latina y el Caribe (de los que hay datos disponibles) con menor tasa de feminicidios íntimos por cada cien mil habitantes, para el año 2012.

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Chile tipificó el feminicidio con la Ley núm. 20,480, que entró en vigencia en diciembre del año 2010 e impone sanciones que van desde la pena de presidio mayor en su grado máximo hasta presidio perpetuo. La Ley núm. 20,066, sobre Violencia Intrafamiliar, promulgada en septiembre de 2005, sostiene que es “deber del Estado adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia” (artículo 2).

En ese sentido, y con elafán de enfrentar y disminuir los feminicidios, el artículo 4 de dicha ley establece que

(…) corresponderá al Servicio Nacional de la Mujer proponer al presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. En coordinación y colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes formulará anualmente un plan nacional de acción.

Es por esa razón que durante los años 2011, 2012 y 2013, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) implementó planes nacionales de acción para la prevención de la violencia intrafamiliar, orientados adiseñar, gestionar y coordinar las políticas públicas para la erradicación de la violencia intrafamiliar, liderando los procesos que garanticen la prevención, la atención y protección a las víctimas del feminicidio y el adecuado acceso y ejercicio a la justicia.

El desarrollo de las políticas propuestas en dichos planes ha reportado resultados favorables en la lucha contra el feminicidio íntimo en esta nación, convirtiéndose en la principal razón por la que hoy día ese país ha reducido su tasa de feminicidios. Entre las políticas que contemplan esos planes están:

  • La revisión del material educativo para la eliminación de estereotipos de género, e incorporación del lenguaje inclusivo.
  • Implementación del “Programa de alerta temprana”, que hace énfasis en la prevención de la violencia al interior de la familia y en detectar oportunamente situaciones de violencia, contribuyendo a una atención especializada e integral que incluye lo jurídico y psicosocial, que asegura la protección para las posibles víctimas del feminicidio.
  • Lanzamiento del programa “Hombres por una vida sin violencia”, cuyo objetivo es la reeducación de hombres que ejercen o han ejercido violencia en el contexto de pareja.
  • Creación de casas de acogida para mujeres en situación de alto riesgo de violencia, las cuales se constituyen en un dispositivo residencial de protección y de apoyo para la elaboración de un nuevo proyecto de vida, evitando que las mujeres se vean en la obligación de retornar a sus cunas de maltrato.

Caso de El Salvador

El Salvador es uno de los países más violentos de Latinoamérica. Ese estado de inseguridad ha creado las bases para que actualmente sea considerado como el país con la tasa más alta de feminicidios, no solo de América Latina, sino del mundo.

Ante tal situación, El Salvador ha logrado formar parte del pequeño círculo de países de la región latinoamericana que ha aprobado leyes que tipifican el feminicidio: promulgó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, No. 520, del 25 de noviembre de 2010. Esta ley entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2012 y sanciona el delito de feminicidio con penas de hasta cincuenta años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso y el tipo de agresor.

Tal como lo muestra el Gráfico No. 6, luego de haber alcanzado su punto más alto en 2011, El Salvador logró una reducción de casi un 50 % de los feminicidios para el año 2012 (año en que entró en vigencia la ley). Esta contracción es aún más significativa en 2013, cuando fueron asesinadas 215 mujeres ‒432 menos que en 2011‒, cifra que colocó la tasa en 3.42 por cada cien mil habitantes.

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Esa es una muestra de la gravedad de este problema en El Salvador, que a pesar de lograr considerables reducciones en los feminicidios, continúa siendo el país donde las mujeres tienen más posibilidades de ser asesinadas por sus actuales o excompañeros sentimentales.

De acuerdo con un informe publicado por la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres de El Salvador (RED-FEM) en mayo de 2013,

(...) el factor que más ha influido en la disminución de los asesinatos de mujeres por sus parejas es el impacto de la aplicación de la Ley, que desde su entrada en vigencia, ha propiciado que las instituciones del Estado incentiven las denuncias sobre violaciones hacia las mujeres y un mejor trabajo de la Policía ante estos casos, logrando mayor acceso de las mujeres a la justicia.

El avance que ha experimentado El Salvador en la lucha contra los feminicidios íntimos es notable, pero el país pudiera reflejar mejores números si, como complemento de la política punitiva que representa la ley, se pusieran en marcha otras políticas de índole preventivo, como es la propuesta de “lineamientos para la prevención de la violencia contra las mujeres y la transversalización del principio de igualdad y no discriminación en las comunidades educativas de El Salvador”, realizada por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en mayo de 2014.

La aplicación de estos lineamientos contempla tres líneas de acción: la promoción, divulgación y sensibilización en la comunidad educativa; la visibilización de mecanismos para la detección y referencia en casos de hechos de violencia en contra de las mujeres y la formulación de planes escolares de prevención de la violencia.

Algunas conclusiones

La erradicación del feminicidio íntimo en los países de América Latina y el Caribe constituye un reto del día a día para los ciudadanos y gobernantes de la región, el cual podría lograrse en el largo plazo con la eliminación de los factores culturales que lo reproducen y los prejuicios y desigualdades de poder que lo sustentan. Por tal razón, es necesario implementar políticas preventivas en el corto y mediano plazo que induzcan a una reducción sistemática y sostenible de este crimen.

Actualmente, lo más importante es adelantarse a la ocurrencia del fenómeno con acciones y estrategias que resulten más efectivas en la prevención de este fenómeno.

Los países latinos que han logrado disminuir el auge de los feminicidios son una muestra de que es posible tener resultados en el corto y mediano plazo. De ellos, República Dominicana puede tomar como ejemplo la efectiva implementación de planes de acción contra la violencia hacia las mujeres, como en los casos de Perú y Chile. Estos países presentan políticas en común que han fomentado la alerta temprana, la formación de la Policía y el Ministerio Publico en materia de género y violencia, la existencia de atención especializada que asegura la protección para las potenciales víctimas del feminicidio y las campañas nacionales de educación.

Igualmente, la promulgación y aplicación efectiva de leyes que tipifiquen el feminicidio es un paso importante que el país no ha dado. Aquí solo se cuenta con la Ley contra la Violencia Familiar, No. 24-97, del 27 de enero de 1997, que entre sus artículos castiga los asesinatos de mujeres, pero no tipifica el feminicidio al nivel que lo amerita, lo que provoca que la respuesta sancionadora y reparadora del Estado siga siendo deficiente.

Si bien es cierto que promulgar leyes no es suficiente, no es menos cierto que ante la poca legislación sobre el tema y el escaso cumplimiento de lo establecido en la ley actual, los autores de este tipo de crimen no parecen reflejar ningún tipo de temor a ejecutarlos. Es por esa razón que se hace imperante la necesidad de que las autoridades legislen y hagan cumplir al pie de la letra las leyes ya existentes y que al mismo tiempo se fortalezcan los canales de denuncia y que se les brinde el seguimiento necesario a las mismas.

Igualmente, es necesario reformar la Ley No. 24-97, ya que permite la conciliación como método alterno para la resolución de controversias y con ello deja abierta la posibilidad de acuerdo entre una mujer abusada y su agresor, sin que este último haya pagado por su culpa. La urgencia de esa modificación radica en que luego de un proceso de conciliación, la mujer vuelve a ser agredida y/o pierde la vida en manos de alguien que debió ser juzgado antes, pero que la justicia y el mismo nivel de fragilidad sentimental y dependencia económica de la mujer le dejaron pasar por alto.

En tal sentido, otra acción que podría ayudar a disminuir el feminicidio íntimo en nuestra sociedad sería la implementación de políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, brindándoles oportunidades de incrementar sus ingresos, principalmente a las más desposeídas, como son las madres adolescentes, trabajadoras domésticas, trabajadoras del sector informal y las envejecientes, para que no se vean forzadas a depender económicamente de compañeros abusivos.

El Ministerio de la Mujer debe aunar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil para eliminar el feminicidio. Es necesario que cada dominicano haga conciencia y se sienta comprometido con la erradicación de este mal, reconociendo el valor y los derechos de las mujeres. Solo así podrá lograrse la meta que se ha trazado el Ministerio Público de “Cada día menos, hasta llegar a cero”.

Referencias

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