El presente documento ofrece un diagnóstico del acceso y uso del agua, así como del estatus de cobertura y calidad del servicio para los diferentes usos y fines.

Fanny Vargas
Coordinadora

 

(Santo Domingo, 28 de agosto de 2014). La escasez de agua en República Dominicana, que en abril se calificaba de “grave” y en julio se conocía como crítica, provoca varias interrogantes. Aparte de la obvia y preocupante sequía, ¿qué otros factores inciden en la escasez actual? ¿Cuánta agua hay en el país? ¿Cómo se administra?

El presente documento ofrece un diagnóstico del acceso y uso del agua, así  como del estatus de cobertura y calidad del servicio para los diferentes usos y fines. Concluye con una presentación de los principales retos y aportes de política encontrados en la literatura.

¿Cuánta agua hay disponible?

El país tiene seis regiones hidrográficas con 97 cuencas principales y 556 secundarias. En su conjunto, ofrecen una disponibilidad de 19.4 millones de metros cúbicos (INDRHI, 2012), tal y como se muestra en el Cuadro No. 1.

 

 

Sin embargo, la oferta real yace en la capacidad de almacenamiento de las presas y embalses y en la extracción de agua subterránea. En el país existen 34 presas, de las cuales 26 se clasifican como grandes, cinco están destinadas a la producción hidroeléctrica, 12 son para riego, 15 para propósitos múltiples y dos para residuos mineros. La capacidad de almacenamiento de agua por región, en función de los embalses, es liderada por Yaque del Norte, con 823 mm³; luego sigue Yaque del Sur, con 560 mm³; Yuna, con 556 mm³ y Ozama-Nizao, con 363 mm³.

En general, puede considerarse que el agua disponible es abundante, pero la manera en que se distribuye espacial y estacionalmente, en adición al alto consumo en riego, agua potable y la precariedad del saneamiento se traduce en escasez. Así, en el año 2000 la disponibilidad per cápita de agua fue de 2,777 m³/hab/año, pero en años de sequía llegó a situarse en 1,373 m³/hab/año (Lizardo y Guzmán, 2004).

¿Cuánta agua se requiere?

El Cuadro No. 2 presenta la demanda estimada de agua para los diferentes sectores. Para 2015 se proyecta que los requerimientos del líquido alcancen los 9,863.48 mm³, la mayor parte para las labores agrícolas y pecuarias (en especial el cultivo de arroz). En términos porcentuales, dicho volumen se descompone de la siguiente manera: 34 % corresponde al riego, 12 % a la pecuaria, 9 % al agua para el consumo doméstico, 7 % al sector industrial y 1 % al turismo.

 

Al comparar la demanda con la oferta superficial disponible se advierte que el agua no es abundante. El índice de escasez (demanda/oferta) para 2010 fue de 47 %, lo que califica la presión hídrica nacional como elevada. Para 2025 se proyecta en 53 %. (INDRHI, 2012), pero si se mira a escala regional la situación llega a crítica: las regiones Yaque del Norte (96 %), Yaque del Sur (79 %) y Yuna (56 %) presentan una fuerte presión hídrica; la región Ozama-Nizao tiene valores medios (32 %), mientras que en las regiones Atlántica (13 %) y Este (18 %) es moderada.

Demanda y desperdicio

La demanda de agua se caracteriza por varias distorsiones que afectan el funcionamiento apropiado del servicio. En primer lugar, a pesar que el riego es el renglón de consumo más importante, la eficiencia de los sistemas de riego es muy baja, estimada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) (2012) en un promedio de 20 %.[1] Esta baja eficiencia crea una demanda cuyo valor está sobre lo realmente necesario.

En segundo lugar, la sostenibilidad financiera del sector no se ha alcanzado. Aunque la cobranza del servicio ha aumentado a partir del establecimiento del modelo de juntas de regantes, los niveles de precios no cubren más del 18-25 % del costo de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego (Banco Mundial, 2004). En adición, estos precios en efecto subsidiados fomentan el  consumo insostenible de agua, la falta de inversión en la infraestructura y la gestión; además, han tenido como efecto secundario la expansión del arroz como cultivo: en 2004 cerca del 70 % del agua de riego se destinaba al cereal.

Aun así, la tendencia, en general, es que la demanda de agua para riego continuará disminuyendo en el largo plazo, mientras que el renglón de uso doméstico aumentará, producto del incremento en la cobertura de acceso al agua potable para los asentamientos humanos tanto urbanos como rurales.

Las pérdidas en los sistemas de agua potable, aunque menores que en el caso de  la agricultura, son también muy altas: se estiman en un promedio de 65 %. (MEPYD[2], 2012; CAASD[3], 2010). Estas pérdidas se producen por el deterioro de la infraestructura y la obsolescencia de los catastros, la baja cobranza, las fugas, el fraude y robo, y el indulto periódico de las cuentas morosas.

Las tarifas del servicio tampoco pueden cubrir los costos de operación y mantenimiento. De acuerdo con Lizardo y Guzmán (2004), por cada peso que ingresa a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) por concepto de pago por servicio, la población recibe un subsidio que supera los $2.50. Otro incentivo al despilfarro se encuentra en el hecho de que la facturación no se hace en base al consumo medido porque no existen micro medidores que registren lo que consume la población. La cobertura de micro medición de la CAASD es apenas el 25.9 % de los usuarios activos. Por lo tanto, la facturación del agua se realiza sin bases reales ni económicas que estimulen el uso racional del recurso.

De acuerdo con el entonces director del INDRHI, Frank Rodríguez, en 2011 los dominicanos consumían en promedio 600 litros de agua por persona por día (Thomas, 2011). Más recientemente, la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) advirtió que el consumo diario ronda los 400-510 litros, cifra  significativamente mayor al consumo medio mundial de 200 litros (Mejía, 2012).

Problemas de la oferta y el suministro de agua

Los problemas de la producción y distribución de agua tienen causas complejas y multifactoriales. La depredación ambiental se conjuga con los fallos de planeación e infraestructura para provocar la escasez presente y la crisis futura.

Depredación ambiental

La incidencia de la deforestación y el manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas juegan el rol principal. La deforestación causada por la extracción de madera preciosa, pino y productos forestales, la regresión de los cultivos agroforestales tradicionales, los incendios, la agricultura de subsistencia (tumba y quema), la ganadería extensiva, la construcción de carreteras, minerías y represas hidroeléctricas tienen graves efectos sobre la salud de las cuencas e impactan el potencial productor y la calidad del agua disponible en las cuencas del país, en particular para las cuencas altas y medias.

Las cuencas hidrográficas se ven vulneradas por las prácticas agrícolas inadecuadas en las laderas montañosas (que conllevan la erosión del suelo) y la ganadería extensiva. Los conuqueros practican la tumba y quema como método de producción de subsistencia y la erosión producida por este método agota el suelo fértil y disminuye la productividad de la cosecha. La erosión incrementa la vulnerabilidad de las laderas ante eventos climáticos como inundaciones y sequías.

La deforestación pasada y la presente han degradado considerablemente, los ecosistemas de los ríos dominicanos. La cobertura boscosa llegó a su punto más bajo en la década de 1980, para luego recuperarse en las décadas subsiguientes. Para 1990, la cobertura boscosa era el 19.6 % del territorio, valor que aumentó a 39 % en 2011, sobrepasando la Meta 7.a de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De acuerdo con el estudio Evaluación de los recursos forestales globales 2010, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el país tiene una tasa de deforestación de prácticamente cero. Sin embargo, no parece haberse realizado alguna evaluación de la efectividad de esta ampliación, qué tipo de bosque se ha perdido/ganado y la suplantación de bosques primarios con plantaciones.

En la Figura No. 1 se muestra la pérdida y ganancia de cobertura boscosa durante el período 2000-2012, a través de imágenes de satélites. Se pueden apreciar considerables pérdidas (en rojo) en el área del Parque Nacional José del Carmen Ramírez, ubicado al sur de la cordillera Central, y donde nacen ríos tan importantes como el Yaque del Sur, San Juan y Mijo.

Aunque los niveles de deforestación parecen haber reducido, todavía se sienten los efectos de la pérdida de bosque, ya que la recuperación es un proceso lento.

Otro factor que incide en la desaparición de los ríos es la extracción de materiales, práctica que en efecto, está destruyendo las cuencas hidrográficas desde hace décadas.

La extracción de arena y grava de las cuencas afecta gravemente el ecosistema: se rebaja el lecho del río, genera lagunas y ramificaciones del cauce, erosión de los márgenes y contaminación de los predios agrícolas que estén río abajo. De igual forma, la extracción de sedimentos contamina el agua de distintas maneras, tanto por los residuos dejados por el trasiego de maquinaria pesada como por la remoción de los materiales.

Las compañías granceras extraen con tractores y palas mecánicas los materiales gravosos y arenas del lecho de los ríos para suplir a la industria de la construcción. Esta extracción se hace de manera indiscriminada, en especial, en los ríos de provincias cercanas a la ciudad de Santo Domingo como Peravia y San Cristóbal. Algunos de los ríos que han desaparecido o están en camino de secarse son Nigua, Baní, Ocoa, Yubaso, Tábara, Panzo, Estero y Barrero y el San Juan (Peguero, 2011).

Otra práctica que contribuye a la degradación de los cauces es la ocupación de los márgenes de los ríos por asentamientos humanos: las áreas metropolitanas más grandes del país se localizan en áreas de estuario o en grandes valles. Esta ocupación irregular de las llanuras aluviales y las riberas por colonos pobres hace muy común la ocurrencia de inundaciones, agravada por las frecuentes tormentas y huracanes (Banco Mundial, 2004).

En adición, la erosión de los márgenes causa inundaciones y aluviones que reducen la capacidad de embalse de las presas, aumentan los costos de mantenimiento y afectan considerablemente su vida útil y el suministro de agua. Las tasas de erosión actuales se estiman a un nivel de cuatro veces mayor que el de 1980 (Simas, 2003); los huracanes y tormentas también contribuyen a la sedimentación temprana de las presas.

Infraestructura hidrológica

En República Dominicana existen 34 presas, construidas en su mayoría entre 1965 y 1986 y cuentan con altos niveles de sedimentación, lo que reduce el potencial de operación de su capacidad nominal. Aparte de su caducidad, la reducción de su potencial y su vida útil viene dada por la deforestación y degradación de los bosques, tal como se puntualizó en el apartado anterior.

Distribución del agua

La distribución de agua presenta grandes fallas sistémicas que determinan los problemas del servicio. Los embalses y canales de riego, al igual que los acueductos y alcantarillados, tienen problemas de gestión, poca inversión y sostenibilidad financiera que los convierten en verdaderos obstáculos para el desarrollo nacional.

El sistema de riego del país cuenta con 22 presas y represas que almacenan 1,900 millones de metros cúbicos de agua; cerca de 2,033.92 km de canales principales, 1,757.40 km de canales secundarios, 1,575.61 km de drenajes. Los beneficiarios del sistema ascienden a 86,026 agricultores, organizados en 28 juntas de regantes.

Como se mencionó previamente, la eficiencia del sistema de riego es muy baja y las pérdidas rondan el 80 %. También, la gestión es deficiente, aunque el establecimiento paulatino del modelo de gestión comunitario que representan las juntas de regantes ha aumentado notablemente la capacidad de cobro por el servicio (de un 17 a un 80 %). A pesar de este logro, las tarifas irrisorias que se cobran por el servicio socavan la capacidad de la administración de invertir en mantenimiento y contribuye a la degradación de la infraestructura.

Agua potable y saneamiento

Las instituciones de agua potable en el país son seis: la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Puerto Plata (CORAAPP), Moca (CORAAMOCA), La Romana (CORAAROMA), Santo Domingo (CAASD) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), que provee el servicio al resto del país. Todas ellas operan los 511 sistemas de acueductos que existen en el país, de los cuales 482 se encuentran en funcionamiento.

La infraestructura de suministro de agua potable se concentra en las cuencas de los  ríos Yaque del Norte, Yuna y Ozama, que cuentan con 144 acueductos, de los cuales 86 tienen fuentes superficiales y 55 fuentes subterráneas. 

El sistema de acueductos para la distribución de agua potable tiene problemas similares al sistema de riego. Para agosto de 2013, INAPA tenía 315 acueductos en operación que servían a 3.8 millones de personas en 26 provincias. (INAPA, 2013). Sin embargo, el BID (2009), estima que el 65 % de los sistemas en operación proveen agua intermitentemente y requieren el racionamiento del servicio, que no siempre se puede hacer por falta de una adecuada sectorización de las redes de distribución, por problemas con el catastro.

La cuenca Ozama-Nizao abastece a la provincia Santo Domingo y el Distrito  Nacional, con 15 sistemas de distribución como Valdesia, Haina-Manoguayabo e Isabela. La capacidad instalada es de 515 millones de metros cúbicos por día y, de acuerdo con las estadísticas institucionales, hasta abril de 2014 se producían 427 mm³/día (ONE, 2014). De una población de 3.3 millones[4] en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, la CAASD tiene 713,534 usuarios activos a quienes factura el servicio.

Uno de los problemas de los acueductos es el crecimiento urbano, que multiplica los habitantes de las ciudades y pone presión en los servicios públicos. En ese sentido, la infraestructura existente no es adecuada para enfrentar tal aumento de la demanda. En el Gran Santo Domingo el crecimiento vertical de la ciudad ha dejado corta la capacidad de las tuberías instaladas, lo que dificulta la provisión del servicio y acorta la vida útil de la infraestructura, que se encuentra en variados estados de deterioro.

Esto lo reconoce la CAASD en su Plan Estratégico 2010-2015:

El crecimiento vertical y horizontal de la ciudad de Santo Domingo unido a un incremento desmedido de la población producto de la migración de la zona rural a la zona urbana y la existencia de instalaciones obsoletas por el tiempo de servicio, han desbordado la capacidad instalada de nuestros sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento y disminuido la capacidad de respuesta ante la demanda de la población, ocasionando dificultades en el abastecimiento.

Como se mencionó anteriormente, el desperdicio y la ineficiencia son también un problema en la distribución del agua potable. El INAPA carece de micro medidores y  menos del 50 % de los usuarios a los que sirve están registrados en el catastro (STP, 2002). Para la CAASD (2010), la dificultad en la distribución viene dada por líneas obsoletas que necesitan ser sustituidas, válvulas inservibles  producto de la operación continua, los sectores peri-urbanos  que  no  tienen  redes  de distribución y el alto número de fugas sin reparar.

Los problemas de tarifa y cobranza fueron detallados en la sección anterior, pero vale reiterar que el cobro y los pagos son altamente disfuncionales, y el nivel de la tarifa no cubre el costo del servicio.

Los problemas de distribución por los acueductos hacen que, especialmente en el sudeste del país, se exploten los acuíferos subterráneos. De hecho, el 31 % del agua de Santo Domingo proviene de fuentes subterráneas (CAASD, 2010). La sobre extracción está provocando que estos acuíferos sean contaminados progresivamente por filtración de agua salina a través de la piedra caliza del suelo.

Por último, la calidad del agua es baja. El INDRHI (2012) monitoreó la calidad del agua en todas las cuencas del país y encontró que el 71% de las muestras cumplió con los estándares de calidad química. En análisis bacteriológicos en diferentes puntos de aguas subterráneas del país se encontró que esta no era apta para el consumo.

El Gráfico No. 1 muestra el índice de potabilidad del agua suministrada por la CAASD. Es evidente que la calidad del agua ha sido deficiente por la mayor parte de los veinte años mostrados. Actualmente ronda el 80 %.

Esta mala calidad tiene sus causas en: (A) el mal estado de las plantas potabilizadoras, que disponen de poca inversión en mantenimiento e infraestructura. Algunas están en construcción y otras en rehabilitación; (B) la contaminación de las fuentes de agua, por salinidad, pesticidas, metales pesados, desechos sólidos y aguas residuales (estos últimos asociados fuertemente a la incidencia de enfermedades infecciosas).

 

 

La infraestructura de saneamiento y alcantarillado es totalmente insuficiente para lidiar con el volumen de los desechos sólidos y las aguas residuales que se producen.

El INAPA opera 58 plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  en  todo  el  país; la CAASD cuenta con 29 plantas, de las cuales nueve están en operación, ocho fuera de servicio y 12 en construcción. CORAASAN opera ocho plantas,  CORAAMOCA y CORAAROM  operan una  planta,  la  sumatoria  es  de  97  plantas  de  tratamiento  de aguas residuales en todo el país.

Todos los sistemas de alcantarillado del país son obsoletos, en su mayoría construidos durante la dictadura de Trujillo (1930-1961). De acuerdo con la CAASD (2010) en el Gran Santo Domingo el  81 %  de  la  población  no  dispone  de  redes  de  alcantarillado sanitario  y  las  que  existen  se  encuentran  en  estado  deplorable  producto de los años en servicio, de la falta de educación ciudadana  y caudal superior al de diseño. El INAPA tiene 15 sistemas de alcantarillado, pero la mayor parte de la población rural se sirve de letrinas.

El total de aguas residuales generadas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo fue en promedio 790,096.8 m³/día para el 2013.  De esta cantidad solo se tratan aproximadamente 29,980 m³/día, equivalente a 3.8 % de la producción diaria de aguas residuales.

 

Es decir, que el 96.2 % de las aguas residuales son descargadas sin tratamiento al subsuelo y al mar, en áreas bajas de las ciudades o en ríos y cañadas, para terminar filtrándose hacia las aguas subterráneas.

Para remediar la penosa situación del sistema de agua potable y saneamiento se requiere de cuantiosas inversiones. El MEPYD (2012) reporta que, de acuerdo con una estimación del año 2002, se requerirían $2,798 millones de dólares para expandir la capacidad de oferta del servicio de agua potable y alcantarillado de manera que se pueda cubrir la demanda futura.

Instituciones y políticas públicas

Se ha visto que la obsolescencia de los catastros no permite una adecuada contabilización de los usuarios del agua, lo que imposibilita la facturación del servicio y socava la sostenibilidad financiera de las instituciones rectoras (INDRHI, 2012).

El problema de la deficiencia y obsolescencia de las infraestructuras en todos los niveles del sector surge de la baja inversión en conservación y desarrollo y la falta de un plan estratégico integral. Como puede observarse en el Gráfico No. 3, el aumento de los recursos dedicados al sector de agua potable y saneamiento durante el último decenio no se ha traducido en mejoras del servicio.

Esto indica que existen importantes problemas institucionales y de gestión. Para administrar el servicio de agua potable y saneamiento fue creado el INAPA en 1962[5]; luego fueron creadas las diversas corporaciones de acueducto y alcantarillado para administrar territorios delimitados. Además de estas existen varias instituciones con facultades en el sector, como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) y el INDRHI, que se encarga del desarrollo de las obras de infraestructura hídrica (BID, 2009).

En efecto, son ocho instituciones que enfrentan duplicidad de funciones. No existe un ente regulador que articule coherentemente las políticas sectoriales de infraestructura, tarifas y cobranzas, relaciones con usuarios y operadores, etc. En conjunto, con este marco institucional difuso, las instituciones presentan fuertes debilidades de gestión evidenciadas por las dificultades de planificación y la insostenibilidad financiera de las mismas. Los problemas de precio, cobro, distribución y calidad del servicio son comunes para todos los proveedores del servicio.

El MEPyD (2012), sintetizando un estudio del Secretariado Técnico de la Presidencia, enumera algunos de los fallos de gestión:

1. Exceso de personal empleado, baja capacidad técnica y mala remuneración.
2. Manejo inadecuado de las redes de distribución de aguas y falta de planos actualizados de las mismas.
3. La falta de un catastro actualizado de usuarios.
4. Los sistemas de administración y contabilidad están desactualizados.
5. costos de  operación  y  mantenimiento,  exceso  de  consumo  de  energía  y  altos  costos  de  productos  químicos.
6. existen  programas  de  mantenimiento  preventivo,  limitándose  a  reparaciones  de  emergencia  que  obedecen  a situaciones de crisis.
7. No existen programas de corrección de fugas.
8. 8.No existen planes de adiestramiento para el personal, ademáde  una  peligrosa  rotación  por  vicisitudes  políticas.
9. existen  registros  de  operación,  de  fallas  ni  del  tiempo  en operación  de  las  tuberías  y  los  equipos  más  importantes  del  sistema.
10. la  mayoría  de  los  acueductos  no  se  tiene  un inventario de repuestos para atender las averías más frecuentes.

Resulta clara la urgencia de reformar las instituciones que componen el sector. La literatura consultada reitera que se debe cambiar el modelo institucional de la prestación del servicio por uno que involucre a actores comunitarios y privados, crear un ente regulador y uno de planeación.

En este sentido, desde hace tiempo existe una propuesta legislativa que regularía el sector: el Proyecto de Ley de Aguas delimita los roles y responsabilidades de las agencias gubernamentales a escala nacional y local y crea mecanismos para el manejo de recursos hídricos –como registro de derechos de agua, precios apropiados que tomen en cuenta el costo, otorgamiento de licencias y permisos, mecanismos de incentivos, planeación y programas de desarrollo, resolución de conflictos, manejo de desastres y monitoreo (Banco Mundial, 2004).

El proyecto perimió en el Congreso en el año 2003 y en 2013 fue considerado nueva vez, pero se registró una considerable oposición desde sectores de la sociedad civil que consideraron que la ley tendería a privatizar el agua. Desde hace más de una década varios proyectos parecidos han pendulado en las cámaras legislativas, sin ser aprobados.

Conclusiones

El problema del agua es complejo y la necesidad de acción cada vez más evidente. Es claro que se requieren medidas integrales que ataquen los problemas de oferta y demanda, pero también los fallos institucionales. Las recomendaciones de política son muchas y ya han sido diagnosticadas por entidades nacionales e internacionales.

Se requiere de un marco regulador actualizado y coherente, que unifique y coordine acciones de las instituciones del sector, integre a las comunidades y garantice el acceso equitativo, sostenible y eficiente al agua. Los problemas de gestión institucional requieren de grandes esfuerzos de planificación integral, que eliminen la duplicidad de funciones y aumenten la capacidad de llevar a cabo políticas públicas en el sector.

El aumento de la inversión en el sistema de agua potable y saneamiento es urgente. Debe crearse una infraestructura que amplíe la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas, y así mismo, garantizar su mantenimiento. La intermitencia y la mala calidad del servicio son obstáculos a mejorar para asegurar la salud de la población, factores que ya están fuertemente asociados a los brotes de enfermedades infecciosas como el cólera, diarrea, dengue, etc.

La gestión y el cobro del servicio ofrecido deben mejorarse para así crear recursos que sirvan el mantenimiento de la infraestructura necesaria, pues la baja capacidad de cobro dificulta la mejora de los mismos. De igual forma, se necesita reducir la demanda de agua, tanto en el riego como en los hogares. Esto implica la creación de una conciencia ciudadana sobre el valor del agua y su uso racional, lograr cambiar la cultura del “No Pago” que permea el sector agua y otros servicios públicos.

Las iniciativas de política deben enfocarse en la conservación del recurso por medio de la eficiencia y el control de la demanda. La aplicación de mediciones al agua servida sería un paso importante, en conjunción con la eliminación de los subsidios de la tarifa para que refleje los costos del servicio y se eliminen los incentivos al despilfarro. En igual manera, la creación de programas de incentivos para el riego eficiente en la finca y la producción agrícola, para racionalizar la cría de ganado; programas que involucren a la sociedad directamente en la reforestación, manejo y preservación de cuencas y manejo de los acuíferos costales.

Son una y un millón las acciones a tomar, pero el tiempo corre.

Referencias bibliográficas

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2009). Planes estratégicos para el sector de agua potable y saneamiento. Síntesis de República Dominicana.

Banco Mundial. (2004). República Dominicana: Prioridades ambientales y opciones estratégicas. Environmental Priorities and Strategic Options Country Environmental Analysis.

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). (2010). Plan Estratégico 2010-2015. Santo Domingo: CAASD.

Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Estadísticas Presupuestarias. Data disponible en línea en: http://www.digepres.gob.do

Fermín, W. (2010, diciembre). República Dominicana: Creación y actuación de los organismos de cuenca en la planificación y gestión de los recursos hídricos. Presentación, en el curso “Creación y actuación de los organismos de Cuenca en la planificación y gestión de los recursos hídricos”. Brasilia.

Hansen, M. C., et. Al. (2013). High-Resolution Global Maps of 21^st-Century Forest Cover Change. Science 342 (15 November): 850–53. Data disponible en línea en: http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest.

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). (2008). Plan Hidrológico Nacional. Santo Domingo, República Dominicana

Lizardo, M. y R. Guzmán (2004). Coordinación de las políticas fiscales y ambientales en la República Dominicana. Santiago de Chile: CEPAL.

Mejía, O. (2012, 22 de marzo). En el país, contaminación, desperdicio y escasez revela estado del agua. Hoy digital. Recuperado de http://hoy.com.do

Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD). (2012). Estudios y documentos de base para la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tomo I. Santo Domingo: MEPyD.

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Estadísticas de electricidad y agua potable. Santo Domingo. ONE. Data disponible en línea en: http://one.gob.do

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2010).  Evaluación de los recursos forestales mundiales.

Peguero, A. (2011, 17 de octubre). Depredación de cuencas “asesina” a los ríos dominicanos. Listín Diario. Recuperado de http://www.listindiario.com.do

Pérez, A y Romero, L. (n.d). Producción de aguas servidas, tratamiento y uso en la República Dominicana. Centro para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en los Estados Insulares del Caribe CEHICA/INDRHI.

Secretariado Técnico de la Presidencia (STP) (2002). Plan Estratégico de Desarrollo para la República Dominicana. Santo Domingo: STP

Simas, J. (2003). Water Resources Management in the Dominican Republic –Issues and Policy Options. Washington DC: World Bank.

Thomas, J. E. (2011, 4 de julio). Consumen hasta 600 litros de agua por día. Listín Diario. Recuperado de http://www.listindiario.com.do