Loma Miranda está ubicada en la cordillera Central, exactamente a 17 kilómetros de la zona urbana de La Vega, compartiendo su área con la provincia Monseñor Nouel.

 

Dilenia Medina
Coordinadora

Diuris Betances
Investigadora asociada

 

Contenido

 

1.    Contexto geográfico y situación ecológica de Loma Miranda

Loma Miranda tiene elevaciones que inician en las comunidades de El Pinito, El Algarrobo, Acapulco, Cruce de Controba y Sabana del Puerto, hasta descender y convertirse en un relieve montañoso. En su centro se encuentra la cuenca Yuna-Camú, la segunda más grande del país, y es la que capta más humedad en el territorio nacional.

La diversidad de flora, fauna y recursos hídricos presentes en Loma Miranda hacen que la misma sea considerada por muchos ecologistas y medioambientalistas como reserva natural. En ese sentido, el Boletín No. 16 de la Academia de Ciencias indica:  

Las especies de plantas autóctonas compuestas por las endémicas y las nativas representan un 82% de las plantas presentes en Loma Miranda. Conviene señalar que entre ellas se encuentran especies raras con poblaciones muy bajas de algunas especies propias de la zona y otras que aunque se encuentran en casi todo el país y hasta en el resto de la isla de La Española, enfrentan diferentes grados de amenaza.

De las 6,000 especies de plantas vasculares que crecen en La Española, según los últimos conteos de técnicos del Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo, unas 2,050 son exclusivas de la República Dominicana. Se estima que aproximadamente un 20 % de la flora dominicana confronta problemas de conservación, donde Loma Miranda puede ser uno de los únicos refugios que aún le quedan a muchas especies.

En lo que respecta a la fauna, el citado informe indica:

Los inventarios sobre la avifauna de Loma Miranda y su entorno hacia Guarey, consultados por el Cuarto Informe sobre Diversidad Biológica, indican la existencia de al menos 33 especies de aves agrupadas en 19 familias. Entre las aves identificadas se encuentran unas 16 especies residentes, 6 son nativas, pero también habitan en las Antillas Mayores, 9 son endémicas de la Hispaniola y una migratoria que viene a reproducirse al país y una introducida.

[…]

Ninguna de las especies presentes en Loma Miranda, de acuerdo a las categorías de amenaza establecidas por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y Bird Life International, se encuentra en peligro; ni siquiera las listas nacionales reportan algún riesgo; pero algunas aves se encuentran incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El estudio elaborado por la Academia de Ciencias concluye, entre otras cosas:

Loma Miranda tiene una riqueza biológica indiscutible, un papel hídrico fundamental, unos valores paisajísticos inigualables y una trascendencia social y ecológica que no pueden ser conculcados por la minería; pues no hay forma de compensar ni mitigar, ni aún en los términos más simples.

Si se toma en consideración que Loma Miranda ocupa aproximadamente el 0.01% del territorio nacional, en menos de 50 kilómetros cuadrados se tiene la mitad de las especies botánicas existentes en los 48,442 km² correspondientes a República Dominicana. (Acción Verde, 2012).

Loma Miranda es una de las riquezas naturales más notables de la isla de Santo Domingo, por lo que diversos grupos ecologistas y medioambientalistas han solicitado a las autoridades legislativas su inclusión dentro del grupo de áreas protegidas y su conversión en reserva natural. La solicitud está motivada en la discusión pública acerca de la explotación de esta zona, lo que ha generado en el país posiciones a favor y en contra de la misma por parte de diversos actores.

Luego de un estudio que detalla las secuelas ecológicas de la minería a cielo abierto dejadas por la Falconbridge en anteriores proyectos de explotación, como es el caso de Loma La Peguera, El Verde (provincia Monseñor Nouel) y las lomas Ortega y Pontón, en La Vega (pie de monte de la cordillera Central), todas degradadas por las operaciones de Xstrata Nickel Falcondo y desgastadas por la explotación del níquel, se han verificado pocos avances en el proceso de recuperación de los terrenos y los recursos no renovables. Esta situación ha sido tomada como referencia para considerar no apto el proceso de explotación en Loma Miranda (Acción Verde, 2012)

Instituciones como la Academia de Ciencias, representantes de organizaciones ambientalistas y legislativos, entres otros grupos, han manifestado su postura al respecto.

2.    Acuerdos internacionales

De acuerdo con Carmen N. Reyes, los convenios internacionales y tratados principales acerca de la protección del medio ambiente y la biodiversidad que se han ratificados en el país, son los siguientes:

1. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, certificado mediante Resolución No. 550 del 17 de junio de 1982.

2.  Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por la Resolución No. 25-96, del 2 de octubre de 1996.

3.  El Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, firmado en la Cumbre para la Tierra, Río de Janeiro, 1992, ratificado mediante Resolución No. 25-96, del 2 de octubre de 1996.

4.  Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por la Sequía Grave o Desertificación, en particular en África, el 17 de junio de 1994, y aprobada por la Resolución No. 99-97, del 10 de junio de 1997

5.  La Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques (MARPOL) 73/78 de 1998, ratificada mediante resolución No. 247 de ese año.

6.  La Convención de Basilea sobre control, a nivel internacional, del movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos y de su disposición final, firmado y ratificado el día 10 de junio de 2000.

7.   La Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable (2002).

8.   El Protocolo de Kyoto, el cual se abrió a la firma el 16 de marzo de 1998. El país lo firmó el 12 de febrero de 2002.

9.  La Convención de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento, fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Ratificada por República Dominicana mediante la Resolución No. 506 de noviembre de 2005.

10. La Convención de Estocolmo, firmada en mayo de 2001, ratificada por el país en 2007 (Reyes2012).

La cita de los convenios ratificados por República Dominicana orientados a la preservación del medio ambiente hace propicio mencionar que el Estado dominicano ingresará formalmente al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), uno de cuyos objetivos es establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del ambiente mediante el respeto y la armonía con la naturaleza, asegurando el desarrollo equilibrado y la explotación racional de los recursos naturales, con miras al establecimiento de un nuevo orden ecológico en la región. Actualmente el país es miembro asociado de la organización, específicamente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), que integra la perspectiva ambiental como un componente del proceso de integración económica, social y política de los Estados Partes que le componen¹.

De igual modo, forma parte del conjunto de países que tienen acuerdos vinculantes con una serie de iniciativas que bien pueden tener repercusiones en las políticas de manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), tanto en una dirección positiva como negativa, de cara a los próximos diez años.

En República Dominicana, dicho sistema (SINAP) está conformado por 120 unidades de conservación, las cuales representan el 26.5% de la superficie terrestre –el segundo más alto de América Latina y el Caribe, luego de Guatemala que posee el 30.29% de su territorio. (Bovarnick, 2010).

Otro acuerdo a destacar es la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) que ampara el fortalecimiento de la democracia como forma básica de coexistencia humana, así como el desarrollo social y cultural para nivelar la pobreza extrema, el desarrollo económico sostenible en base a la dignidad, la libertad, la equidad y un adecuado uso de los recursos naturales y el mejoramiento en la calidad del medio ambiente.

3.    Marco legal

En el país, el organismo rector para la conservación de la biodiversidad es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, institución creada por la Ley General No. 64 sobre Temas de Naturaleza y Medio Ambiente. Entre sus objetivos se cuentan (1) la prevención, regulación y control de cualquiera de las causas o actividades que causen deterioro del medio ambiente, contaminación de los ecosistemas y la degradación, alteración y destrucción del patrimonio natural y cultural y (2) establecer los medios, formas y oportunidades para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, reconociendo su valor real, que incluye los servicios ambientales que estos brindan, dentro de una planificación nacional fundamentada en el desarrollo sostenible, con equidad y justicia social.

Con el objetivo de ajustar la Constitución dominicana de 2010 a los estándares internacionales, el capítulo IV presenta una serie de modificaciones acerca de los recursos naturales y especifica en su artículo 17 que la exploración y la explotación de los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general, los recursos naturales no renovables, sólo puede ser hecha por particulares bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. (Reyes, 2012).

El mismo artículo determina en su parte final que las personas pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional, con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia:

  1.  Se declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional.

  2.   Se declara de prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales.

  3.   Se declara de prioridad nacional la preservación y aprovechamiento racional de los recursos vivos y no vivos de las áreas marítimas nacionales, en especial el conjunto de bancos y emersiones dentro de la política nacional de desarrollo marítimo.

  4.  Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la nación y de las provincias donde se encuentran, en la proporción y condiciones fijadas por ley. (Constitución dominicana, 2010).

Las regulaciones y procedimientos para la gestión de trabajo están enfocados en la protección de la biodiversidad, con el propósito de lograr el desarrollo y la conservación de la flora y fauna, todo ello para mantener una relación saludable entre el ambiente y el ser humano. A su vez, las comunidades deben involucrarse en programas y proyectos orientados a la consecución de estos objetivos.

Además de la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y lo establecido en la Constitución dominicana, el marco jurídico del país respecto a la conservación del ecosistema y los recursos naturales cuenta con la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-24, que contiene las políticas para el sostenimiento de las áreas protegidas. Asimismo, estudios realizados para obtener informaciones técnicas y financieras sobre medio ambiente han permitido la formulación del Plan Maestro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2010–2030 (Sánchez, et al., 2010).

4.    Xstrata Nickel-Falcondo

Se considera pertinente para este estudio presentar a manera de preámbulo un esbozo sobre los países latinoamericanos donde la Xstrata posee proyectos de explotación minera. Hay que decir que en 2012 se produjo su fusión con Glencore, fusión que algunos han denominado “Glenxstrata”.² Al respecto, el periódico El País (2012) informó: 

Xstrata es el primer exportador de carbón térmico y el cuarto productor mundial de cobre, producto en el que centra su actividad en los países latinoamericanos, con tres explotaciones en Perú y otro tanto en Chile, una en Argentina, mientras que en Brasil se centra en el níquel.

En Argentina,la Xstrataposee un proyecto de explotación de oro y plata a cielo abierto³ en las minas de Bajo de la Alumbrera, Catamarca [cuyo desarrollo inició en 2003], así como en Filo Colorado, donde existen glaciares de roca y ambientes periglaciares que han sufrido severos daños. Las organizaciones ecologistas y medioambientales se han manifestado en contra de las explotaciones. (Machado Araoz, 2012).

En Bolivia, la filial de Glencore, la Sinchi Wayra, explotaba varias minas para extraer zinc y estaño. En 2012 el presidente Evo Morales nacionalizó la mina estaño de Colquiri, de manera que las operaciones mineras quedaron en manos estatales a través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

En Chile, la Xstrata Copper de Suiza a través de la compañía Energía Austral, de inversiones australianas,proyectaba la construcción de cinco grandes centrales hidráulicas de embalse en la región de Aysén, considerada reserva de vida, en la Patagonia chilena. Estos proyectos fueron aprobados por el congreso chileno en mayo de 2012, con la oposición creciente de distintos sectores de la sociedad civil. Sin embargo, organizaciones ecologistas elevaron un recurso de amparo y el Tribunal Supremo de Chile falló a favor de la paralización de la obra de la hidroeléctrica Río Cuervo, con el fin de que se efectúe un estudio de suelo.

En la mina El Cerrejón, en Guajira, Colombia, la Xstrata Coal tiene participación accionaria en la mega-explotación de carbón y es objeto de varios casos judiciales por delitos ambientales, fiscales y de violación a los derechos humanos. La explotación ha provocado un grave deterioro de la calidad y cantidad del agua, afectando el curso y el caudal del río Ranchería, además del desplazamiento forzoso de varias comunidades. En el caso de la salud, la contaminación por metales pesados ha contribuido al aumentar los casos de plumbemia⁴, silicosis y manifestaciones cancerígenas en trabajadores y las poblaciones cercanas a las minas. (Machado Araoz, 2012).

En Perú, de acuerdo a lo explicitado por Palomino (2012):

En la mina Tintaya de Xstrata, donde actualmente el pueblo se está movilizando, por ejemplo, existe una seria crisis ambiental. El reporte por la ingeniera ambiental de Alemania Eike Sophie Hümpel, "Monitoreo ambiental participativo-elaboración de una base en el ámbito del proyecto Xstrata Tintaya", incluye muestras representativas de 5 ríos en la vecindad de Xstrata [tomadas entre] agosto [y] septiembre del 2011 en 50 puntos [y] concluye que las aguas que consume la comunidad están contaminadas con metales tóxicos. Previamente, la empresa solo reportó los resultados de 8 monitoreos en el periodo de 8 años desde el 2002 (5 de ellos fueron "participativos", es decir, que las muestras se sacaron con la observación de la comunidad, pero se desconoce el control de calidad y el protocolo usado para las muestras y el laboratorio). A partir de 2010 el Ministerio de Salud también sacó muestras y verificaron la contaminación del agua, pero no actuaron ni aplicaron acciones correctivas por presiones políticas del gobierno de turno.

Al referirse a los impactos negativos de la explotación minera, el experto Robert Morán (2013) argumenta:

Aunque existen compañías que hacen grandes esfuerzos para no generar impactos negativos, estos "siempre" se presentan, no solo durante la explotación, sino posterior al cierre de la mina, incluso siglos después.Eso se está dando especialmente en países en vías de desarrollo, dado que los costos de la mano de obra son más baratos, el control es mucho más débil y que la mayoría de los minerales de alto valor en EE. UU. y Europa ya ha sido descubierta.

5.    Antecedentes en República Dominicana

Durante la dictadura trujillista existió una pequeña empresa concesionaria conocida como Minera y Beneficiadora Dominicana, S.A, a la cual se concedió permiso de exploración y explotación a los yacimientos de hierro y ferroníquel en Bonao, hoy provincia Monseñor Nouel. Una resolución de la Comisión de Fomento, fechada el 19 de diciembre de 1955 especificó que el área concedida a la Compañía Minera y Beneficiadora había sido de 79,040 hectáreas. El mismo documento dejó sentados los límites de dicha extensión.

El 14 de diciembre de 1956 se firmó el contrato con The Falconbridge Nickel Mines, LTD, de Canadá, mediante el cual, la minera nacional traspasó sus derechos a la compañía foránea por el 20% de las acciones. Esta transacción dio como resultado el nacimiento de Falconbridge Dominicana C. por A. Dos años más tarde, mediante resolución del 9 de mayo de 1958, el área de la concesión minera fue ajustada en 79,306 hectáreas.

El convenio sufrió una reformulación durante el gobierno del presidente Balaguer. Sin embargo, no se establecieron los beneficios correspondientes a la provincia por la explotación de sus recursos naturales no renovables (Dotel, 2011).

La Falconbridge Dominicana, a pesar de que sus antecedentes datan del año 1958, inició sus operaciones formales de procesamiento del ferroníquel en octubre de 1971. La minera desarrolló desde sus inicios un sistema tecnológico para la explotación a cielo abierto y sus instalaciones incluyen planta de preparación mineral, horno de reducción, hornos eléctricos de fundición y refinamiento del metal. Cuenta con un sistema de gestión integrada de salud, seguridad, ambiente y relaciones con la comunidad.

En el año 2006, Falconbridge Dominicana pasó a ser subsidiaria de la Xstrata Nickel.

Según la página web de la empresa Xstrata Nickel Falcondo posee unas 1,373 hectáreas de tierra en Loma Miranda, adquiridas en 2008. De ese total, 889 (65%) se dedicarían a la siembra de árboles a fines de proteger las áreas densas de la zona. La minera dice que su propósito es la protección de las especies que cambien de hábitat en el desarrollo de la extracción del ferroníquel, así como garantizar la preservación de las aguas y la biodiversidad. Plantea además, que los acueductos del área no serán afectados. Agrega la empresa:  

El objetivo del proyecto radica en extraer el ferroníquel contenido en unas 313 hectáreas ubicadas dentro de la propiedad.

La tierra removida será trasladada a la planta en Bonao para obtener el metal a través de un proceso pirometalúrgico⁵.

El metal extraído será remitido a los mercados internacionales que utilizan el acero inoxidable para la construcción, fabricación de cubiertos, teléfonos móviles, computadoras, equipos médicos, electrodomésticos y motores de aeronaves (Xstrata Nickel Falcondo).

En términos económicos, la planta estima generar más de $3,000 millones de dólares en contribuciones al país en impuestos y dividendos, remuneración a 1,200 empleados directos, pagos a suplidores y contratistas locales, e inversión en iniciativas sociales para los próximos veinte años. Con la creación de empleos, se iniciaría un modelo basado en el desarrollo de las capacidades de los lugareños para integrarlos en el proceso participativo (El Nuevo Diario, 2013).

Por su lado, el geólogo Osiris De León, entrevistado en el programa radial “El Gobierno de la Mañana” de la Z101 el 6 de enero de 2013, expresó que la concesión de explotación de la empresa está vigente y en operación, lo que, unido a las contraposiciones entre la Ley Minera y la Ley General sobre Medio Ambiente genera complicaciones.

De León resaltó las contraposiciones entre algunos artículos de la Ley 146 de Minería y la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, ante las virtudes de las que goza la empresa minera. El artículo 101 de la Ley Minera establece que las concesiones otorgadas en conformidad con las prescripciones de esta ley son consideradas contratos de adhesión con el Estado. Según De León, el caso de Falconbridge resulta más complejo porque la empresa ha tenido operaciones en Loma Ortega, Loma Taína y Loma Caribe. Su concesión de explotación minera está vigente y en operación y, al tener derechos adquiridos del Estado sobre el perímetro Quisqueya 1 y Loma Miranda estar dentro del área de concesión, resulta más difícil el manejo. 

A raíz de la discusión iniciada por la posibilidad o no de la explotación de la mina, la empresa minera ha realizado una agresiva campaña mediática para explicar el proceso de extracción del ferroníquel en Loma Miranday los supuestos mitos que se han generado acerca de la misma.

El gerente general de la empresa, Antonio García, expresó: “Hemos podido apreciar que en torno a este proyecto se ha generado confusión, producto de declaraciones irresponsables y sin fundamento que generan preocupaciones injustificadas”. (De León, 2012).

A tal fin, el ingeniero de minas Eladio Henríquez Núñez expuso que en una reunión sostenida en los Fondos Mineros con técnicos de la empresa se les requirió “el estudio de impacto ambiental y el plan de explotación presente y futuro, hacia dónde se va a mover la explotación”. (DiarioDigitalRD, 2012). Pese a esta solicitud, todavía FALCONDO, en julio de 2012 no había presentado el estudio de impacto ambiental.

No obstante, el 1° de octubre de 2012, el tribunal de la Tercera Cámara Penal de La Vega, ante el recurso de amparo elevado por el padre Rogelio Cruz, emitió un fallo ordenando a Falconbridge abandonar la Loma Miranda y prohibiéndole la explotación minera por carecer del permiso ambiental correspondiente. Ante estas circunstancias, la empresa respondió que impugnará el fallo ante los tribunales competentes.

6. Posiciones de los principales actores sociales acerca de la explotación de Loma Miranda

6.1. Gobierno

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitóalPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizar un estudio de impacto ambiental en Loma Miranda, cuya explotación proyecta realizar la empresa Xstrata Níquel Falcondo.

Para tales fines, la representante en República Dominicana del PNUD, Valerie Julliand, y el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, sostuvieron una reunión en el Palacio Nacional  con Gustavo Montalvo ministro de la Presidencia.

De su lado, el director de Minería, Alexander Medina Herasme, manifestó su apoyo a la explotación de la mina, argumentando que no se produciría daño alguno en la zona. (Vidal, 2013).

6.2. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, explicó que el Ministerio no había fijado posición en torno al tema de Loma Miranda. Dijo que no desestima el estudio de expertos dominicanos en el área, sin embargo, la ley le faculta para auxiliarse de expertos internacionales que le aporten datos e informaciones que le permitan tomar decisiones transcendentales como esta. Además, agregó:

Nosotros entregamos los términos de referencia para que el interesado de lo que sea haga el estudio. El ministerio examina ese estudio de impacto ambiental […] y en función a eso declara la posibilidad y hace las consideraciones de cómo debe manejarse este tema y como deben manejarse los compromisos. (Caraballo, 2013).

6.3. Legisladores

En septiembre de 2012, Euclides Sánchez, senador de La Vega, reintrodujo en el Senado un proyecto de ley para declarar Loma de Miranda área protegida en la categoría de reserva natural. La iniciativa perimió sin que la Comisión de Medio Ambiente la conociera. (Liriano, 2012).

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Félix Nova, informó que esa comisión rechazó el proyecto minero por considerar que afectaría importantes fuentes acuíferas y la biodiversidad de la zona. (Liriano, 2012).

De igual manera, en octubre de este mismo año, el diputado Elpidio Infante, representante de La Vega por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), depositó un proyecto de ley para crear el “Parque Nacional Loma Miranda”. La propuesta legislativa fue apoyada por 144 legisladores de diferentes partidos políticos. Infante expresó: “El Estado no debe permitir que se corra el riesgo de ver desaparecer Loma Miranda, que sufra menoscabo o que sea contaminada con metales pesados que atenten contra la salud y la calidad de vida de los dominicanos”. (Liriano, 2012).

6.4. Iglesia Católica

La Conferencia del Episcopado Dominicano, en su mensaje pastoral dedicado a la celebración del bicentenario de Juan Pablo Duarte, manifestó la necesidad de que los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial actúen con la suficiente voluntad política para defender el patrimonio nacional, especialmente los recursos naturales y el ecosistema. Señaló que las autoridades deben vigilar “frente a inversionistas extranjeros o nacionales que atenten contra este de manera indiscriminada y en perjuicio del bien común”. (Medrano, 2013).

Además, el Episcopado planteó la necesidad de actuar con voluntad política, con las virtudes morales de Duarte, con “capacidad de sacrificio”, que defienda el patrimonio nacional.

6.5 Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, Valerie Juliand, anunció que los estudios solicitados por el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Medio Ambiente están a cargo de expertos ambientalistas internacionales contratados por la institución. Dichos estudiosse basan en la evaluación hecha por la empresa minera, y sus resultados serán publicados en el mes de abril. El trabajo de estos expertos busca obtener las informaciones que indiquen si es posible o no la explotación de la loma.

La delegada ante el PNUD expresó que los acuerdos nacionales e internacionales firmados con otras naciones permiten la explotación de los recursos, teniendo como norma que no provoquen daños a los recursos humanos ni al medio ambiente. Afirmó que “los estudios de los expertos en las áreas hidroeléctrica, sostenibilidad, economía, sociología y de biodiversidad, entre otras, indicarán si causan o no daños irreversibles al medio ambiente”. (Morrobel, 2012).

Juliand indicó que se debe disponer de un documento por parte de los expertos en minas, que demuestre que el proyecto cuenta con los requisitos necesarios para la explotación y que esta no cause perjuicios al medio ambiente. A su vez, debe existir un procedimiento para la protección social, así como un manejo sostenible de los recursos naturales que contribuya al crecimiento económico y participativo.

6.6. Academia de Ciencias de la República Dominicana

Los integrantes de la Academia de Ciencias, Milcíades Mejía, presidente; Luis Scheker Ortiz, vicepresidente, Eleuterio Martínez; miembro de la Comisión de Ciencias; Adolfo López, miembro de la Comisión de Medio Ambiente; Felícita Heredia, directora, y Luis Carvajal, miembro del Equipo Ambiental, insisten en la necesidad de no explotar Loma Miranda y garantizar la biodiversidad del lugar.

La Academia estimó como una “insensatez y una inconsecuencia destinar la loma Miranda a la explotación minera a cielo abierto, como pretende la empresa Xstrata Nickel Falcondo (2012).

La entidad expuso, mediante un documento entregado al Congreso Nacional (CN) y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la siguiente postura ante la solicitud de explotación:

1.   La Falconbridge requiere una auditoría ambiental que refleje claramente su capacidad para saldar el pasivo ambiental acumulado durante los 40 años que lleva explotando Loma Peguera, El Verde, Ortega y Pontón, a fin de identificar los recursos necesarios para mitigar su huella ecológica.

2.   Loma Miranda atesora tantas riquezas naturales en los campos de la biodiversidad, la producción de agua, valores paisajísticos y potencial recreativo-ecoturístico, que sería una insensatez y una inconsecuencia destinarla a la explotación minera a cielo abierto, como pretende hacerlo la Xstrata Nickel, donde se repetiría la impronta de desolación desplegada por esta empresa en los cuatro yacimientos explotados hasta el presente; razón por la cual recomienda que este importante sistema sea declarado "parque nacional", a fin de preservar su potencial para generar más servicios ambientales y mayores riquezas para el país y todos los dominicanos.

3.   República Dominicana vive actualmente momentos estelares de su historia, con autoridades que miran con optimismo y decisión el futuro que tiene por delante en materia de medio ambiente y sus recursos naturales, razón por la cual debe cumplirse sin mayores dilaciones el mandato de nuestra Constitución y la ley ambiental dominicana que disponen la elaboración e implementación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, como garantía de eficiencia, buenas prácticas ambientales y el aprovechamiento del espacio físico conforme a sus potencialidades y a las riquezas naturales distribuidas a todo lo largo y ancho de la geografía nacional. (Boletín No. 16, 2012).

El doctor Scheker Ortiz advirtió, por su parte:

El Estado da contratos de explotación minera que en la mayoría de los casos, por los antecedentes que tenemos, atentan contra las riquezas naturales y privilegia intereses particulares en contra de los intereses nacionales. Con esa situación es evidente que esos contratos pueden ser impugnados en el Tribunal Constitucional”. (Ramírez, 2012).

El representante dijo que de ser aprobado el contrato de explotación ante el Congreso Nacional, puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, entidad que ha sentado jurisprudencia con temas ambientales.

En ese sentido, el abogado Juan Frías Agramonte explicó que si la empresa o el Estado no quieren modificar el contrato, la referida corte:  

…ya ha asumido los derechos ambientales como derechos humanos. De tal suerte, dijo, este caso puede llevarse a Costa Rica sin que necesariamente pase por la jurisdicción nacional, por lo que no hay que esperar un fallo en el país, ya que el citado país es una opción jurídica. (Ramírez, 2012).

Eleuterio Martínez (2012), representante de la Comisión de Medio Ambiente de la Academia de Ciencias, alertó acerca de las consecuencias de la explotación minera de Loma Miranda, con perjuicios irreparables, en el en el caso de que se autorice a Xstrata Nickel Falcondo. En tal sentido, en su Boletín No. 16 la Academia de Ciencias declaró:

1.   De las 201 plantas endémicas de República Dominicana que están en Loma Miranda, 98 desaparecerían con el desmonte de la capa boscosa.

2.   122,000 tareas cultivadas (principalmente con arroz, elemento básico en la seguridad alimentaria) se verían afectadas si la región recibe agua contaminada.

3.   420,000 personas vinculadas a la agricultura en ocho provincias y localidades tanto cercanas como lejanas (San Francisco de Macorís, Salcedo, Samaná, El Pino, Rincón, Jima, Fantino, Nagua, La Vega, Bonao –todas asociadas por la cuenca Yuna-Camú)–, verían afectada su calidad de vida y la productividad por medio del cultivo de la tierra, debido a la contaminación por sales de cromo y otros metales pesados.

4.   La sal de cromo que se derivaría de la explotación de Xstrata Nickel  arruinaría las aguas de los arroyos Berraco, Hatillo, Blanco, Guaní y Guardarraya, que salen de Miranda para alimentar la presa de Rincón.

5.   Desaparecería un bosque de pinos endémicos (pinus occidentalis) y múltiples asociaciones ecológicas entre las que están el bosque mixto, el bosque latifoliado (hojas anchas), bosques de galería y bosques nublados, que originan una de las redes de agua más profusas del territorio nacional.

6.   Se cambiaría la distribución de los vientos.

7.   Cambiarían drásticamente el clima y su componente, la temperatura.

8.   Loma Miranda es uno de los últimos refugios naturales que le queda al 20% de las especies de la flora dominicana con problemas de extinción.

7.    Protestas en contra de la explotación de Loma Miranda

Diversas entidades medioambientales y representantes de entidades ecológicas han realizado diversas marchas y caminatas en reclamo de que se que proteja Loma Miranda.

Entre las organizaciones participantes se encuentran el Foro Social Alternativo (FSA), Juventud Caribe, el Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Articulación de Lucha Popular, el Colegio Médico Dominicano (CMD), la Asamblea Nacional Ambiental, el Comité Nacional contra la Mega Minería y el Movimiento Patria para Todos.

El Movimiento Patria para Todos rechazó la decisión de conceder la explotación minera de Loma Miranda. Por tal motivo, realizaron una caminata desde el parque Independencia hacia el Palacio Nacional mostrando pancartas y consignas en las que solicitaban la protección de la reserva. “La vida vale más que el oro”, expresaban algunas de las pancartas mostradas en la marcha. (El Día, 2012).

Al grupo se sumaron representantes de la Iglesia Católica, entidades comunitarias y representantes de la provincia La Vega ante el Congreso Nacional, quienes mostraron su sentir en contra de dicha explotación. Los residentes del lugar realizaron una caminata y finalizaron con una misa al pie de la loma.

El sacerdote Rogelio Cruz se unió a la pacífica protesta y manifestó que se trata de un atentado contra la zona, que no es posible dejar que se manejara al antojo. Manifestó: “Al síndico de La Vega, ingeniero Alexis Pérez, que se ponga los pantalones, que si él se pone los pantalones, tendrá detrás un pueblo que lo apoya”. En la provincia Monseñor Nouel, bajo la consigna “¡La patria no se vende, la patria se defiende!”, defensores del medio ambiente y comunitarios expresaron su rechazo a la explotación. (Laureano, 2012).

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y los legisladores de La Vega Hugo Núñez, Radhamés Ramos García, Aridio Vásquez y Elpidio Infante se unieron a las protestas. Lo mismo hizo el gobernador de misma provincia, Guillermo Torres Chestaro. (Laureano, 2012).

El grupo denominado “Levántate” convocó una manifestación pacífica en contra de la explotación minera. La convocatoria tuvo como lema “Acudir en defensa de la Loma Miranda es una cita de honor”. El acto fue realizado con la participación de los diablos cojuelos de La Vega (Periódico Hoy, 2012)

En la ciudad capital, una comisión conformada por Domingo Abreu, delegado de la Asamblea Nacional Ambiental; Scalin Gutiérrez, representante de Comunidades Unidas por el Agua; Rafael Jiménez, del Comité contra la Megaminería; Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la UASD, y María Teresa Cabrera, de Coalición por una Educación Digna, entregaron una documentación contentiva de los daños que provocaría la explotación a Loma Miranda y solicitaron impedir su explotación minera. El grupo fue recibido por Henry Molina, viceministro de la Presidencia. (Listín Diario, 2012).

La presentación del nuevo gerente general de Falcondo en noviembre generó una manifestación en la cual participaron los indignados de Bonao, el Distrito Nacional y de las zonas aledañas a Loma Miranda (Ciudad Oriental, 2012). En noviembre se efectuaron nuevas protestas en contra de la explotación de la loma en varios lugares de la zona norte.

El 24 enero de 2013 se produjo una movilización de ecologistas, medioambientalistas y algunas organizaciones de la sociedad civil que pretendían acampar frente al PNUD, pero fueron desalojados por la Policía(Peguero, 2012).

Más adelante, los días 14 y 15 de febrero se realizaron otras movilizaciones en La Vega y Bonao. El 27 siguiente se produjo otra manifestación en Loma Miranda, donde se crucificaron simbólicamente 27 hombres y 27 mujeres.

Las protestas contra la explotación de Loma Miranda y Falcondo continúan. Las comunidades afectadas esperan una solución al conflicto.

Consideraciones finales

Ciertamente, los avances tecnológicos han transformado la minería: se ha pasado de la explotación subterránea a la minería de cielo abierto. Esta última modalidad produce contaminación al medio ambiente, provoca deforestación, desaparición de especies de la flora y fauna, problemas que se verifican en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú con las operaciones de la Xstrata. Además, los contaminantes tóxicos que llegan al agua impactan negativamente en los recursos hídricos subterráneos y superficiales con lo cual provocan dificultades en las actividades agrícolas y ganaderas, además de producir daños en la salud de los habitantes. (Machado Araoz, 2012). Otro dato a resaltar es el desplazamiento de comunidades a causa de la problemática que envuelve la explotación.

El planteamiento de Machado Araoz coincide con el documento de la Academia Dominicana de Ciencias. No obstante, no se trata de impedir el desarrollo minero del país desde un fundamentalismo ecologista, sino de garantizar los recursos no renovables para la población y la conservación de los ecosistemas presentes en la zona a explotarse. Esto plantea la obligatoriedad de la supervisión en los tiempos acordados, así como los monitoreos correspondientes con la participación del Estado –como socio de la minera– y representantes de las comunidades en las cuales se realiza la explotación.

En los países antes mencionados donde la Xstrata explota recursos mineros, tanto las comunidades afectadas como las organizaciones ecologistas, medioambientales y los diversos sectores de la sociedad civil se han manifestado en defensa de los derechos colectivos y de medio ambiente. República Dominicana podría seguir tal tendencia.

En consecuencia, al igual que en estos países, las poblaciones con riesgo de impacto ambiental han efectuado una serie de protestas contra Xstrata Nickel Falcondo. Ante tal situación, estos grupos, además de ejercer una presión social sobre el Estado, adquieren mayor legitimidad cada día, despliegan su capacidad de movilización y aprovechan la estructura de oportunidades para exigir el respeto a los derechos ambientales. En tal sentido, el monitoreo participativo de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil organizada se hace imprescindible para la rendición de cuentas de la minera y para la defensa y protección de los recursos naturales, el cual se refiere a las funciones de una reserva de biosfera y desarrolla el concepto de zonificación para el cumplimiento de las mismas.

De esta manera, resulta necesario precisar los parámetros para la conservación de paisajes, ecosistemas y especies, así como definir las áreas que pueden ser compatibles con la conservación, entre estas, la investigación de las áreas ecológicas y el ecoturismo, para contribuir al fortalecimiento de las actividades económicas y humanas.

De los factores presentados en este análisis se desprenden varias situaciones. En primer lugar, las explotaciones amparadas en las concesiones mineras otorgadas en los diferentes países de América Latina han causado daños irreparables en el ecosistema de los mismos, a pesar de los esfuerzos desplegados tanto para evitarlos como para resarcirlos. Esto a la luz de los diferentes informes rendidos al respecto. Esta situación abre la brecha de la incredulidad ante los programas de impacto ambiental que algunas mineras han presentado a los Estados otorgantes de licencias de exploración y explotación.

En segundo lugar, a pesar de que la Constitución y las diversas leyes existentes en República Dominicana establecen con claridad los requisitos y condiciones para la exploración y posterior explotación de los yacimientos mineros en territorio dominicano, no se verifica el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las mismas.

En tercer lugar, la ignorancia de gran parte de la población respecto al tema impide que el mismo se asuma con críticas que coadyuven a la obtención de los beneficios que le corresponden. Aparenta no estar claro el motivo de las protestas: si evitar la explotación minera de Loma Miranda o permitirla cuidando del manejo adecuado de los recursos naturales contenidos en ella, así como de la protección y preservación del ecosistema y sus riquezas. En este sentido, se han visto posiciones encontradas. De todas formas, el conocimiento de la riqueza natural presente en Loma Miranda podría, en todo caso, dar rigor y fortaleza a las protestas por venir, al tiempo de orientarlas hacia un reclamo específico.

En cuarto lugar, la experiencia reciente con la Barrick Gold-Pueblo Viejo parece sentar un precedente en la forma de manejo de estas situaciones, así como la forma en la que las autoridades manejan el patrimonio de la nación. La falta de transparencia deja sus huellas en una sociedad que poco a poco está adquiriendo conciencia de sus derechos para pasar de una ciudadanía asistida a una ciudadanía emancipada.

Finalmente, se hace urgente la creación de sistemas que permitan al Estado garantizar el cabal cumplimiento de las leyes, así como vigilar las condiciones de los contratos de explotación a fin de evitar lesiones a los intereses de la nación. En todo caso, es importante exigir transparencia a la empresa minera en cuanto a sus operaciones se refiere y establecer mecanismos de control que garanticen igualmente la protección de los derechos ciudadanos y el cuidado de los recursos naturales no renovables.

Los resultados de los estudios auspiciados por el PNUD están a la espera, lo que podrá generar otra jornada de protestas. Es, pues, recomendable buscar alternativas de solución al problema que representa Loma Miranda y considerar en las mismas opciones para el desarrollo del ecoturismo y la consecuente creación de fuentes de empleo.

Referencias