El estudio, realizado por el Observatorio Político Dominicano, resalta que la inmunidad no evita que el congresista sea investigado, sino que detiene el proceso hasta que se determine que no existe intención política de perjudicar el cumplimiento de sus funciones legislativas.
(Santo Domingo, 12 de noviembre de 2014).Un análisis publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), sostiene que la inmunidad parlamentaria pudiera parecer como una garantía personal que le proporciona al legislador la oportunidad de evitar ser sometido a la justicia. Sin embargo, en sistemas democráticos solo debe detener el proceso hasta que el Congreso determine si detrás de la acusación existe alguna intención política de perjudicar o retrasar el cumplimiento de las funciones legislativas.
El estudio “La inmunidad parlamentaria en Latinoamérica y República Dominicana”, de la autoría de Flor Batista Polo, investigadora de la Unidad de Poder Legislativo del OPD, precisa que la inmunidad parlamentaria solo puede ser justificada cuando se usa como una herramienta del Congreso para mantener el derecho constitucional y la democracia.
El documento resalta que el motivo principal por el que surge el régimen de inmunidades es la lucha de poder entre los órganos del Estado. No obstante, señala que la utilidad de la inmunidad parlamentaria solo puede ser justificada como una herramienta al servicio de la independencia funcional de los órganos legislativos.
El objetivo del análisis del OPD es describir cuál régimen constitucional regula la inmunidad parlamentaria en República Dominicana a través de una mirada general a países de Latinoamérica, y cuál es su utilidad en un Estado social y democrático de derecho.
Batista Polo presenta un contraste con Latinoamérica, resaltando que en 2005 se celebró en Lima, Perú, una conferencia sobre regímenes de inmunidades donde se consideró necesaria y urgente la creación de una propuesta de Ley de Marco Regional en materia de inmunidades.
Explica que en esta propuesta sugirieron un conjunto de acciones y movilizaciones para regular o quitar esta figura en el ámbito parlamentario que se veía como injustificada en muchos países de América Latina en donde después de las observaciones realizadas se crearon proyectos de leyes que eliminaron esta figura y también pasó de ser “funcional” a ser “constitucional” en 17 países del continente americano.
Inmunidad en República Dominicana
El análisis apunta que a pesar de los debates sobre el tema, la figura se ha mantenido en países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana.
“Resulta evidente que la necesidad de que el régimen de inmunidades permanezca para lograr el normal funcionamiento del órgano legislativo surge en países donde a diario se viven intensos conflictos entre los partidos políticos. En ese sentido, es donde se justifica la utilidad y permanencia de esta figura constitucional en el continente”, advierte Batista.
El documento alega que en los últimos 14 años se han conocido en República Dominicana 25 casos en los que legisladores se han visto relacionados con escándalos públicos; a 17 de estos casos se les retiró la inmunidad parlamentaria.
El análisis concluye ponderando que en República Dominicana es importante especificar los límites de la inmunidad, además propone que se cree una comisión especial competente para hacer frente a los casos cuando sea necesario, “para evitar el aumento de la crisis de la representatividad por la que atraviesan algunos países latinoamericanos”.