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La investigación, realizada por el Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE), plantea que antes de establecer cuotas de difusión musical deben resolverse otros problemas que enfrentan los medios de comunicación en el país.

 

Leymusica(Santo Domingo, 25 de febrero 2015). Un análisis publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), indica que la aprobación del proyecto de ley de música no solo limitaría el derecho de las personas de elegir la música y artista de su preferencia, sino que violenta la libertad de expresión y pensamiento de las emisoras.

“Las cuotas de difusión musical son políticas impuestas por ley que establecen que un porcentaje de la programación de radio y televisión debe ser de música local. Este sistema se crea con las buenas intenciones de proteger y promover el patrimonio cultural; sin embargo, muchas de las 379 emisoras que hay en el país se verán afectadas porque se limita la posibilidad que tienen los radioyentes y televidentes de elegir al artista, también, violenta la “independencia editorial” de las emisoras”, advierte el documento.

El estudio “Proyecto de Ley de Música: contextos actuales y perspectivas comparadas “, de la autoría de Flor Batista Polo, investigadora de la Unidad de Poder Legislativo del OPD, enfatiza que la libertad de expresión no es absoluta.

“Si bien es cierto que el Estado no debe violentar o limitar la libertad de expresión, no menos cierto es que se encuentra obligado a regular los medios de comunicación, teniendo siempre en cuenta los derechos subjetivos que hay en juego que exigen al legislador restringir solo con justificación”.

Sin embargo, la investigación considera que antes de establecer cuotas de difusión musical se deben resolver otros problemas que afectan los medios de comunicación y que hasta hoy se han obviado.

“Temas como las violaciones al Reglamento 824, de Espectáculos Públicos y Radiofonía, la calidad de las obras musicales, la regulación de los contenidos de las obras musicales y los monopolios en las emisoras de República Dominicana deben ser tratados antes de implementar un sistema tan complejo como el sistema de cuotas de difusión musical”, sostiene Polo Batista.

El proyecto de ley fue sometido por primera vez al Congreso, a través de la Cámara de Diputados, el 13 de noviembre de 2013. Desde ese momento la pieza legislativa ha generado polémica al proponer la aplicación de cuotas a las emisoras para que emitan al menos el 50 % de música nacional y 10 % de música clásica o folclórica dominicana. Luego de haberse realizado varias vistas públicas y conocerse las posiciones en contra del proyecto, este perimió en la pasada legislatura, pero será reintroducido con algunos cambios en la próxima legislatura ordinaria que inició el 27 de febrero de 2015.

Parámetros en Latinoamérica

El análisis también presenta el ejemplo de países como Argentina, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, que tienen actualmente cuotas de difusión muy parecidas a las que se pretenden implementar en República Dominicana y que han obtenido grandes resultados como el incremento en las ventas de los productos nacionales, el crecimiento de la producción discográfica y en consecuencia, el aumento de conciertos en vivo, de las giras y de la calidad de la música local.

No obstante, el documento aclara que dichas cuotas establecen que las radios especializadas deben dedicar solo el 20 % de su programación a música nacional y delimitan claramente que el organismo encargado de velar por el cumplimiento de estos porcentajes es independiente del gobierno central.

“Además, las cuotas se implementaron de forma paulatina, lo que garantizó que las radiodifusoras no se vieran afectadas en gran manera”, precisa el análisis.

La investigación señala que en otros países como Colombia, Perú, República Dominicana y Chile se están todavía discutiendo la posibilidad de implementar este tipo de sistema y en gran parte de ellos se han producido diversas protestas en contra de la propuesta por considerarlo una violación a la libertad de expresión.

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