El análisis, realizado por el Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE), precisa que los actores gubernamentales junto con los ciudadanos tendrán un rol importante dentro de esta normativa.
(Santo Domingo, 17 de agosto de 2015). Un análisis publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), destaca que la puesta en marcha de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo conllevará mejoras significativas en cuanto al ordenamiento territorial y la planificación en el país.
“Mediante la ley, el Gobierno tiene mayor control de las acciones tomadas a escala local. A través de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SNOT) se podrá formular acciones que se encaminen al desarrollo económico y social de los habitantes de esas zonas”, explica el documento del OPD-FUNGLODE.
La investigación, de la autoría de Yanelkis Fernández, colaboradora de la Unidad de Gobierno Local del OPD-FUNGLODE, añade que otro factor importante es que con esta ley se contará con un plan que contempla los puntos prioritarios que necesiten un accionar directo del Estado dominicano, "así en el futuro se encaminarían en una misma dirección, obteniendo mayores resultados".
Sin embargo, Fernández apunta que en cuanto al aspecto político, se necesitaría mayor representación de los ayuntamientos. “Los ayuntamientos requerirán más cantidad de representantes, como por ejemplo, los organismos que componen el SNOT, puesto que la ley contempla un solo representante de los municipios por región”, explica.
Participación gubernamental y ciudadana
El análisis del OPD-FUNGLODE resalta que un aspecto relevante será el trabajo en conjunto de los responsables del ordenamiento territorial y uso del suelo.
“En el artículo 11 de esta ley se exponen los principios de planificación-gestión del ordenamiento territorial. Según este artículo, existe responsabilidad compartida entre los actores gubernamentales, donde deben participar en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones que se ejecuten en este sentido”, cita la investigadora.
El informe puntualiza que también la ciudadanía tendrá una parte primordial en el proceso de ley.
“Los ciudadanos forman parte elemental en la formulación, ejecución y monitoreo de los planes y todas las acciones encaminadas al ordenamiento territorial. Por esta razón, el artículo 86 de esta ley plantea que el Estado creará los mecanismos de participación ciudadana para estos estén integrados en todos los procesos de gestión de los planes y normas que se plantean en esta normativa”, advierte la investigación.
La Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, recién aprobada por la Cámara de Diputados, establece todos los lineamientos y modalidades del uso de los recursos naturales tomando en cuenta su uso eficiente y sostenible, adecuándose a las características del espacio; también sirve como guía para las acciones públicas y las políticas que se formulen en la búsqueda de la disminución de los desequilibrios territoriales y del fomento del desarrollo sostenible.