batalla covid

Antecedentes

 

Existen observatorios de los más diversos temas: culturales, inmigratorios, empresariales tecnológicos, medioambientales, violencia sexual, entre otros.

La tarea de un observatorio generalmente se relaciona con los siguientes procedimientos:

• Recolección de datos y elaboración de bases de datos.

• Metodologías para clasificar, codificar y categorizar datos.

• Relaciones interinstitucionales.

• Aplicaciones específicas de nuevas herramientas técnicas.

• Análisis de tendencias

• Publicaciones

En muchos casos, los observatorios han constituido redes de redes  para potenciar  su desempeño.

Los observatorios, como fenómenos recientes, carecen de una profunda reflexión teórica. En consecuencia, existen serios esfuerzos para estimular el debate referente a sus funciones. En España y América esos esfuerzos se han concentrado en la realización de eventos que sirven para debatir e intercambiar experiencias. Se destacan:

• El II Forum Social Mundial, celebrado en Porto Alegre, Brasil (enero-febrero de 2002), que promovió la creación del Observatorio Internacional de Medios de Comunicación / Media Watch Media (www.mwglobal.org) .

• Taller de Trabajo Observatorios y Veedurías Ciudadanas de los Medios de Comunicación en América Latina, en Buenos Aires, Argentina, en agosto de 2003, auspiciado por el Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Espacio La Tribu.

• II Encuentro Internacional sobre Diversidad Cultural en Buenos Aires, Argentina en  septiembre de 2004, denominado Las industrias culturales en la globalización.

En la revisión documental se encontraron importantes observatorios que operan en Francia, América Latina y España:

• Observatorio de América Latina y del Caribe (OPALC), centro especializado en estudios e investigaciones acerca de la política comparada de América Latina y el Caribe; auspiciado por el Instituto de Estudios Políticos de París (Science-Po).

• Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR, constituido por una alianza de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

• Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA): creado en  1999, trabaja a favor de la relación persona/medioambiente.

•  Observatorio Comunicación y Salud (OCS) de la Universidad de Barcelona (UAB), su objetivo es el estudio de la comunicación en relación con la salud.

• Observatorio Chileno de Políticas Educativas: un espacio multidisciplinario de investigación, análisis, difusión y documentación sobre las políticas educativas en Chile. Surge con una articulación entre el Equipo de Psicología y Educación de la Universidad de Chile (EPE) y el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE).

• Observatorio de Políticas Públicas: unidad académica y de coordinación de la Universidad ICESI (Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad), en Cali, Colombia, cuyo objetivo es dar seguimiento y evaluación a hechos y decisiones de carácter político y a políticas públicas de interés general o consideradas estratégicas para el desarrollo del Valle del Cauca.

• El Observatorio Latinoamericano del Impacto Social de las TICs: construido a partir del proyecto MISTICA,  Metodología e Impacto Social de las TICs en ALC. Mística (1998-2000), localizado en Brasilia, Brasil se ha conformado sobre la una red humana de colaboración y aprendizaje así como sobre una red de información organizada en la Internet.

Es importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aúna la Red Internacional de Observatorios de las Políticas Culturales que articula observatorios, institutos y centros de investigación de distintas partes del mundo.

En América Latina, desde UNESCO-Santiago (Chile), se coordina el Sistema Regional de Información (SIRI), cuyo objetivo es «contribuir a generar, acopiar, utilizar y diseminar la información acerca de educación en la región, como un elemento previo y necesario para mejorar los sistemas educativos en su propósito de dar atención de calidad a todos».

En la República Dominicana también existen experiencias de observatorios operando con regularidad, como son los casos de:

Observatorio de Políticas Sociales del Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo. Se encarga de recopilar, analizar e investigar las políticas sociales y su impacto en los sectores más deprimidos de la población. (Página web en construcción).

Participación Ciudadana cuenta con un Observatorio Electoral, cuya tarea consiste en observar los procesos electorales, a partir de la articulación de una red nacional de observadores voluntarios.

Observatorio Ciudadano del Distrito Nacional: esta instancia forma parte de las herramientas con que cuenta el gobierno de la ciudad de Santo Domingo para la toma de decisiones gerenciales.

Observatorio de la Democracia Local: un programa de la Fundación Solidaridad, orientado a observar, investigar, analizar y difundir prácticas locales de fomento de la democracia, la transparencia y el desarrollo local, en los municipios dominicanos, principalmente en los territorios donde influye y colabora esta institución.

Entendidas como el conjunto de iniciativas gubernamentales en un determinado sector, las políticas públicas en República Dominicana tienen su origen en la génesis misma del Estado. Desde entonces, su formulación e implementación recaen en el Poder Ejecutivo y los ministerios que le constituyen. Sin embargo, la creciente participación ciudadana en dichos procesos ha contribuido a la horizontalización de las políticas en el país. 

Antecedentes Históricos 

A finales del siglo XIX, la tendencia al caudillismo y la fragilidad institucional favorecieron la consolidación de un sistema marcadamente presidencialista. Dicha tendencia contribuyó a un modelo de gestión centralizado en el cual el Gabinete establecía las prioridades gubernamentales y los medios para su consecución. 

Durante la época, las constante inestabilidad política impidió el desarrollo de una administración pública organizada. En consecuencia, esta se caracterizó por elevados niveles de corrupción y dispendio. Lo anterior contribuyó al incremento del déficit fiscal de la nación, motivando una política de endeudamiento y la primera ocupación estadounidense (1916-1924).    

A partir de 1916, las fuerzas de ocupación propiciaron reformas estructurales orientadas a la reorganización del aparato estatal. Altamente burocratizado, dicho modelo administrativo contribuyó a la concentración de las decisiones públicas, las cuales posteriormente quedaron en manos de la sociedad económica y las agrupaciones políticas que les representaban. 

Tras la salida de los norteamericanos y el derrocamiento de Horacio Vázquez (1860-1936), Rafael Leonidas Trujillo (1891-1961) preservó esta estructura. No obstante, el dictador impulsó un medidas orientadas a la superación de la crisis económica, agravada por la Gran Depresión (1929-1934). Además de saldar la Deuda Externa (1941), implementó una política monetaria con la creación del Banco Central de la República Dominicana y la emisión del peso dominicano. 

De igual manera, promovió agresivamente el desarrollo industrial del país, adoptando el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). En este contexto, creó modernas fabricas y diversificó la industria nacional, sustentada en el sector agrícola y la exportación de la caña. Sin embargo, hizo del erario público su patrimonio personal. Para 1961, Trujillo poseía el 80% de la producción interna bruta. 

En cuanto a la política social, instituyó una serie de reformas a raíz de las presiones que ejerciera la Organización Internacional del Trabajo (OIT)y la Confederación Dominicana de Trabajo (CDT). Entre éstas, estableció la Caja Dominicana de Seguros Sociales (Ley no. 1376 del 17 de marzo de 1947) y el Sistema de Seguros Sociales (Ley no. 1896 del 30 de diciembre de 1948). El 11 de Junio de 1951, la Ley no 2920 instauró el Código del Trabajo. 

Además, el Dictador continuó la expansión de la infraestructura vial con la construcción de carreteras y el asfaltado de los centros urbanos; modernizó los servicios públicos, ampliando significativamente su cobertura en todo el territorio; e introdujo mejoras significativas en la Salud Pública y el Sistema Educativo. Instituido por la Ley no. 2909 de 1953, este último no fue modificado hasta 1997 por la Ley Orgánica de Educación. 

A principio de la década de los 60, presiones internacionales obligaron a la adopción de las reformas propiciadas por organismos multilaterales en el contexto de la transición hacia la democracia. Auspiciada por la Alianza por el Progreso (1961) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la primera de estas reformas instituyó un organismo dedicado a la elaboración de un plan nacional de desarrollo: la Junta Nacional de Planificación y Coordinación. 

Tras la caída del Régimen Trujillista, el gobierno del profesor Juan Bosh (1962) trató de introducir una amplia reforma social. Sin embargo, intereses geopolíticos en el contexto de la Guerra Fría (1945-1991) alimentaron un golpe de Estado que culminó con la Revolución de Abril (1965) y la segunda intervención militar estadounidense (1965). En ese mismo año, la Junta Nacional de Planificación fue convertida en la Subsecretaria de Estado de Planificación, mediante la Ley no 55 de 1965 que el Consejo Nacional de Desarrollo. 

Elegido por segunda vez presidente de la República en 1966, Joaquín Balaguer (1906-2002) tampoco promovería grandes avances en materia social. El mandatario centró su atención en la política económica. Con un enfoque marcadamente keynesiano, ejecutó numerosas obras de infraestructura, principalmente en las zonas metropolitanas. En 1969, impulsó un modelo basado en la exportación de servicios con la inauguración de la primera zona franca de exportación en el país. 

Durante los 90, las reformas estatales continuaron adoptando lineamientos de los organismos multilaterales; la mayoría de tendencia neoliberal. El 10 de junio de 1997, la Ley no. 141-97 creó la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), iniciando la privatización de las empresas estatales. En el 2001, esta fue transformada en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas mediante la Ley no.124-01. 

El 28 de diciembre del 2006, el Gobierno promulgó la Ley no. 498-06de Planificación e Inversión Pública. Junto a la Ley no. 496-06 que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD), estableció un nuevo referente institucional para la planificación estatal mediante el establecimiento del el Sistema Nacional de Planificación.