Unidad del Poder Judicial

Discurso Medina sienta bases para trabajo conjunto

Poder Ejecutivo-Poder Judicial en

Jurisdicción Inmobiliaria

Propone trabajar para fortalecer los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria y simplificar los procesos de titulación

Harold Modesto
Coordinador

Yeymi Portes
Monitora

(Santo Domingo, 5 de marzo de 2013). La vigencia del tema de la seguridad jurídica inmobiliaria propone considerar la relación existente entre el modo en que se materializan las decisiones del Estado y los resultados esperados al llevar a cabo las reformas. Aumentar el nivel de seguridad jurídica en esta materia implica desarrollar un esquema en el que los actores funcionalmente involucrados adopten la misma dirección para evitar que el paso de las reformas se caracterice por la extrema sectorización de los problemas y las soluciones.

El presidente Danilo Medina apuntó directamente a estos aspectos cuando en el discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, indicó:  

No es este un esfuerzo que pueda realizar el Gobierno en solitario. Por eso, quisiera hacer un llamado especial al Poder Judicial dominicano para que aunemos esfuerzos y trabajemos juntos en el fortalecimiento de los órganos de gestión de la Jurisdicción Inmobiliaria y la simplificación de los procesos de titulación. Así, lograremos alcanzar con éxito nuestras metas y garantizar la seguridad jurídica inmobiliaria en la República Dominicana.

Las ideas expresadas permiten destacar que los problemas en torno a la seguridad jurídica inmobiliaria pueden entenderse mejor si los mismos se individualizan a partir de los roles de cada órgano de la Jurisdicción Inmobiliaria (JI), así como las instituciones que directa o indirectamente ejecutan acciones y medidas que repercuten en las operaciones y los procesos de la jurisdicción.

Desde que se tiene en cuenta que dichos procesos y operaciones se caracterizan por la continuidad de las fases y la dependencia de los resultados entre cada una de ellas, se comprende que la interacción de los órganos y las instituciones coloca los problemas en un escenario común de consecuencias compartidas.

Una idea de ello es que asuntos como: a) la expedición de las constancias anotadas, que amparan derechos sin que exista certeza de la ubicación en una parcela; b) la demora en el tiempo de respuesta a los procesos; c) la ocupación ilegal de terrenos del Estado; y d) el nivel de formación y las condiciones del capital humano de la JI (jueces, registradores, etc.), siguen repercutiendo en el sistema en su conjunto y por lo tanto sobre la seguridad jurídica inmobiliaria.

Elementos a considerar en el marco de las propuestas del Ejecutivo

La Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado fue creada mediante el decreto No. 624-12, cuyo artículo 2, acápite b, estableció que tiene la función de coordinar, de manera conjunta con el Poder Judicial, los esfuerzos necesarios para fortalecer la capacidad operativa y de gestión de los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria. Sin embargo, dicha ordenanza no especificó las vías para la realización de estos trabajos.

Lo planteado por el Ejecutivo desde que anunció el Plan Nacional de Titulación de Inmuebles del Estado, con la pretensión de emitir más de 150,000 nuevos títulos y disminuir el porcentaje de extralegalidad que existe en el país, y la posición del Presidente en su discurso del pasado 27 de febrero del año en curso, abren la posibilidad de considerar las opiniones de expertos que ya han tratado el tema, refiriéndose también a las dificultades actuales que se presentan en ocasión de estas iniciativas.

El magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional y exdirector nacional de Registro de Títulos considera que:

La titulación implica el fortalecimiento de las oficinas registrales. No puede el Estado iniciar un proceso de titulación con oficinas que tienen una empleomanía que devenga salarios por debajo de los $10,000.00 pesos, y que la mayoría de estas dependencias no cuentan con la empleomanía suficiente. Para conseguir efecto en un programa masivo de titulación, lo primero es poner esas oficinas en las condiciones necesarias para obtener los resultados.¹

Gómez Ramírez también cree que:

La Comisión [refiriéndose a la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado] tiene necesariamente que acercarse a la Jurisdicción Inmobiliaria e integrarla para que haya éxito a la hora de impulsar este proyecto, que significa mucho y que creo que puede servir mucho al país y que puede impulsar significativamente el desarrollo.²

Esto sugiere que el trabajo conjunto al que hizo referencia el presidente Medina puede arrojar resultados que contribuyan a aumentar la seguridad jurídica inmobiliaria, y presenta una oportunidad para consolidar el proceso de reforma que se inició en esta jurisdicción mediante un programa de modernización auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado dominicano.

Según la magistrada Catalina Ferrera Cuevas:

Si el Estado [Comisión Permanente de Titulación] y el Poder Judicial crean políticas comunes de trabajo, de colaboración y cooperación, lo cual conllevaría la ampliación de personal de recursos humanos […] incluyendo la creación de una o dos salas especializadas de audiencias, exclusivas para conocer de estas solicitudes, dependiendo de la necesidad, sería yo optimista en decir que el proceso se tomaría entre ocho meses y un año, incluyendo el registro de títulos.³

Del mismo modo, el especialista en materia inmobiliaria Robinson Cuello Shanlatte sostiene que:

La Jurisdicción Inmobiliaria posee la capacidad para trabajar de forma conjunta con la Comisión Nacional de Titulación de Inmuebles del Estado, y entiendo que debe elaborarse un plan donde cada sector entienda su nivel de responsabilidad y a partir de ello empezar a trabajar y dar los pasos que se consideren necesarios, a los fines de cumplir este propósito, obviamente, siempre respetando la Constitución y la ley, para cerrar las brechas para los riesgos para la inversión y la seguridad jurídica al país.⁴

El panorama de opinión y perspectivas que ha ofrecido el discurso presidencial abre un espacio para considerar los medios y métodos a través de los cuales el Estado logrará esta sinergia institucional, vista desde la perspectiva de este análisis, como una condición indispensable para alcanzar los objetivos propuestos. Una revisión a las experiencias adquiridas con la Mesa de Políticas de Operaciones⁵, podría permitir arribar a alternativas que sirvan de guía en este momento.

Fuente

Discurso del presidente Danilo Medina ante Asamblea Nacional, del 27 de febrero de 2013 disponible
       en: http://www.opd.org.do

Decreto No. 624-12 emitido en fecha 10 de noviembre de 2012.

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