Unidad de Gobierno Local

Intervenciones para remozamiento de

espacios públicos generan controversias

Quienes critican las modificaciones realizadas a la Puerta del Conde argumentan la preservación de la memoria visual colectiva y la falta de consulta ciudadana para su restauración.

Natanael Disla
Asistente de Investigación

(Santo Domingo, 10 de abril de 2014). Los espacios públicos (monumentos, parques urbanos y plazas) son lugares de esparcimiento donde la cotidianidad discurre lentamente en medio del fragor de la ajetreada vida urbana en Santo Domingo. Las controversias surgidas tras la intervención en la Puerta del Conde y del área del Conservatorio Nacional de Música aconsejan una mejor gestión comunicacional y la creación de espacios de consultas ciudadanas, en los que participen los vecinos cercanos, entidades relacionadas y personas que hacen uso de los espacios a ser intervenidos.

Unidad de Gobierno Local

En siete primeros meses de gobierno

Varios conflictos perturban la Alcaldía de Santiago

Serafino de la Cruz
Coordinador

(Santo Domingo, 31 de marzo de 2011). La Alcaldía de la Provincia de Santiago ha sido centro diversos conflictos durante los primeros siete meses de gobierno de las autoridades municipales que asumieron el pasado 16 de agosto del año 2010.

El primer conflicto inició cuando, el 6 de octubre de 2010, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunció que la nueva administración del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros adquirió una flotilla de 25 vehículos, en violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y a la Ley 176-07 que rige los municipios.

El coordinador de la entidad, Julio César de la Rosa Tiburcio, explicó entonces que la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, establece que toda adquisición realizada por los estamentos públicos debe realizarse mediante licitaciones cuyos oferentes deberán estar inscritos en la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Ante esto, ADOCCO solicitó al director de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, Lic. Eric Hazim, la nulidad de dichas compras.[1] De acuerdo a Tiburcio, el Alcalde de Santiago, Dr. Gilberto Serulle, adquirió la nueva flotilla y de inmediato hizo entrega de los vehículos a los directores departamentales de la alcaldía. Según su información, los vehículos fueron adquiridos en la compañía VIAMAR, supuestamente sin inicial, para pagarlas en 42 meses, a un precio de 35 mil dólares cada uno.

En otro conflicto, los empleados cancelados por las nuevas autoridades municipales de Santiago realizaron varias protestas durante el período de análisis. El 8 de marzo, los ex empleados, que trabajaron durante la pasada administración del ex alcalde José Enrique Sued, se concentraron frente al palacio municipal y bloquearon la entrada a la sede, exigiendo el pago de prestaciones laborales. Allí se enfrentaron a empujones con miembros de la Policía Nacional y empleados que apoyan al alcalde Gilberto Serulle, al tiempo que gritaban “aquí va a haber sangre”.[2]

Ante la situación creada, la Consultoría Jurídica de la Alcaldía presentó formal querella en la Procuraduría Fiscal contra varios de los manifestantes, por alteración del orden público.  La licenciada Jenny Berenice Reynoso, procuradora fiscal del Distrito Judicial de Santiago, acogió como buena y válida la querella de acción pública con constitución en actor civil, presentada por el licenciado Fernando Manuel Quiñones Cruz y Dionisio de Jesús Rosa, consultor jurídico y abogado adjunto del ayuntamiento local.[3]

El Consultor Jurídico declaró que los ex empleados municipales, en sus protestas, violentaron la seguridad del ayuntamiento y amenazaron de muerte a funcionarios y empleados.

El pasado alcalde de Santiago, José Enrique Sued, calificó de “indolente” al actual alcalde, Gilberto Serulle, al desconsiderar a los ex empleados municipales, sometiéndolos a la acción de la justicia. Sued manifiesta que ellos sólo están reclamando sus prestaciones. Alegó que los más de mil empleados cancelados por el alcalde Serulle no pidieron su suspensión y que tienen derechos laborales y humanos que deben ser garantizados. Lamentó el trato, que calificó de vejatorio, dado a los ex servidores públicos que no trabajaron a favor de su persona, sino para el municipio, y que el ayuntamiento debe responder por sus prestaciones.[4]

El conflicto con los empleados cancelados obligó la intervención de un grupo de regidores, de los 41 que integran la Sala Capitular de ese municipio. Los regidores solicitaron al alcalde Gilberto Serulle interponer sus buenos oficios para solucionar la litis existente con los ex empleados. El legislador municipal Domingo Ureña, representante del Partido de Acción Liberal (PAL) en el Concejo Edilicio, dio a conocer que junto a otros ediles, se reunió con los afectados, quienes se han mostrado en disposición de recibir las prestaciones en varias sumas parciales.[5]

Otra situación que volcó la atención pública hacia el cabildo santiaguero fue la denuncia de que el alcalde de Santiago aumentó en 300% la nómina del cabildo. Departamentos como Asuntos Comunitarios, Consultoría Jurídica, Relaciones Públicas y Tránsito marcan el paso en la Alcaldía de Santiago, en cuanto al incremento de personal se refiere. Se denuncia que Asuntos Comunitarios contaba en la gestión pasada con 58 empleados, para lo cual se erogaban cada mes RD$333,880.00. En la actualidad, cuenta con 216 empleados y una erogación mensual de RD$2,073,050.10. Fausto Corniell, regidor por el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), denuncia la creación de cargos que no existían, muchos de ellos injustificados y con personas que no desempeñan ninguna labor.[6]

Finalmente, se denuncia que las autoridades municipales violan la Ley 200-04, De Libre Acceso a la Información Pública, al retener datos acerca de la empresa Urba-Luz, contratada para la recogida de basura, tras el vencimiento del contrato con Urbaser Dominicana, el pasado noviembre. Se dijo que, a pesar de las constantes prédicas sobre transparencia, la administración de Serulle no responde a las peticiones de información de carácter público.[7]

La Editora Acento, propietaria del portal noticioso Acento.com.do, hizo una solicitud, mediante su representante en Santiago, para conocer la relación de pagos hechos a la empresa Urba-Luz en los meses de operación que tiene. Vencido el plazo de 15 días laborables, más los 10 días de prórroga que establece la ley, la Oficina de Libre Acceso a la Información Municipal no ha dado repuesta a la petición del medio de comunicación.

NOTAS: