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Las mujeres, en sus luchas por la defensa de los derechos fundamentales, han transitado un largo y arduo camino que inicia a finales del siglo XIX, se intensifica en el XX y continúa en el presente.

 

Dilenia Medina
Coordinadora

Diuris Betances
investigadora

Contenido

Introducción

1. Breve histórico de los aspectos jurídicos

2. Población en República Dominicana

3. Embarazo y mortalidad materna en población femenina total

4. Población femenina y fecundidad adolescentes

4.1. Fecundidad en adolescentes por zonas geográficas

4.2. Embarazos en la adolescencia

4.3. La atención prenatal y al parto es universal en el país.

4.4. Mortalidad materna en adolescentes

5. Mujer y educación. Las políticas educativas establecidas en el marco de la Constitución dominicana y los acuerdos

5.1. Modalidad básica y media

5.2. Modalidad técnica y universitaria

6. Paridad de género

7. Mujer y mercado laboral

7.1. La mujer y el campo

7.2. Trabajo doméstico no remunerado

8. Mujer y acceso a la información

9. Mujer y su participación en la toma de decisiones del Estado

10. Femicidios

11. Las políticas de los organismos internacionales respecto a la mujer

Conclusiones

Referencias 

 

Introducción

Las mujeres, en sus luchas por la defensa de los derechos fundamentales, han transitado un largo y arduo camino que inicia a finales del siglo XIX, se intensifica en el XX y continúa en el presente. En el país, estas luchas comenzaron de modo sistemático durante la década de los años 70 del siglo XX, con mayor intensidad.

Es mucho lo que se ha escrito acerca de la situación de la mujer tanto a escala nacional como internacional. Este breve trabajo trata de resumir los aspectos más relevantes concernientes a las mujeres dominicanas ‒que constituyen aproximadamente la mitad de la población‒ tomando en consideración los datos existentes cuanto a población femenina, educación, embarazos y mortalidad materna, mercado laboral, paridad de género, mujer y acceso a la información, su participación en la toma de decisiones del Estado, feminicidios y acuerdos con otras instituciones.

1. Breve histórico de los aspectos jurídicos

El 17 de agosto de 1982, el Gobierno dominicano emitió el Decreto núm. 46-82, que creó la Dirección General de Promoción de la Mujer (DGPM) como una dependencia de la Presidencia de la República. Años más tarde (11 de agosto de 1999), fue promulgada la Ley núm. 86-99, que dejó establecida la Secretaría de Estado de la Mujer, actualmente conocida como Ministerio de la Mujer (MMUJER)1. Esta institución tiene como visión:

(…) ser líder, innovador y plural, reconocido por su capacidad de influir en la transformación de la sociedad para que mujeres y hombres disfruten de igualdad de derechos y oportunidades. Su misión es definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que contribuyan a la igualdad y la equidad de género y al pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres (MMujer. En http://www.mujer.gob.do/sobre-nosotros/quines-somos-mision-vision-y-valores.html).

Este ministerio implementa planes, proyectos y programas con la finalidad de lograr el empoderamiento de las mujeres en la lucha por la igualdad y la equidad de género trabajando en tres temas fundamentales: a) no violencia, b) salud y sexualidad y c) derechos económicos, sociales y culturales. En tal sentido, la vinculación con otros organismos gubernamentales es relevante para realizar las intervenciones adecuadas con miras a lograr los objetivos propuestos. Algunos de los programas implementados son “Vive Mujer”, “Quisqueya sin Miseria”, “Quisqueya Aprende Contigo” y “Banca Solidaria”, entre otros.

También existen diversos proyectos financiados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Embajada de la República de China (Taiwán), la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y el Consejo Nacional de VIH-SIDA (CONAVIHSIDA), entre otros. De igual forma, otras organizaciones feministas ejecutan proyectos en la búsqueda de soluciones alternativas a los problemas de la mujer.

2. Población en República Dominicana

En la actualidad, de acuerdo con el IX Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, República Dominicana tiene una población total de 9,445,281 habitantes, de los cuales, 4,739,038, (50.1 %) corresponden al género masculino y 4,706,243.00 (49.8 %) al femenino (SICEN, 2010). En la zona urbana la población total asciende a 7,013,575: 3,564,453 (50.82 %) mujeres y 3,449,122 (49.18 %) hombres.

El total de habitantes en la zona rural asciende a 2,431,706 personas, cifra que al desglosarse por sexo indica que 1,141,790 (46.95 %) son mujeres y 1,289,916 (50.05 %) son hombres. Se observa que el número de mujeres es mayor en la zona urbana, mientras que la cantidad de hombres es mayor en rural.

3. Embarazo y mortalidad materna en población femenina total

De acuerdo con datos preliminares del Observatorio de Ejercicio Ciudadano de las Mujeres (2012), el reporte de mortalidad materna 2011 del Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiologia (SINAVE) del Ministerio de Salud Pública (MSP) registra 175 muertes maternas durante el período, de las cuales el 65.71 % fueron mujeres entre 13 y 29 años. Los hospitales con mayor cantidad de muertes fueron el Luis E. Aybar (DN) (32), José María Cabral y Báez, de Santiago (27), Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (DN) (19) y el Antonio Musa, en San Pedro de Macorís (10).

De igual modo, el 20 % de estas muertes corresponden a mujeres entre 13 y 19 años, el 45.71 % a mujeres entre 20 y 29 años y el 33.14 % de las mujeres entre 30 y 40 años (Observatorio de ejercicio ciudadano de las mujeres, 2012).

Según UNICEF, “a pesar de la reducción experimentada en la última década, la tasa de mortalidad infantil sigue siendo alta en un contexto de atención prenatal y parto institucional casi universal”. La estimación de la Encuesta de Demografía y Salud (ENDESA) de 2011 indica que los valores de esta tasa bajaron de 178 en 2002 a 159 por 100,000 nacidos vivos en 2007. Además, se estima que en 2011 esta tasa ha bajado a 150.

De acuerdo con los datos del SINAVE:

[…] se observa una tendencia a la reducción de 133.4 en 2010 a 126.5 por 100,000 nacidos vivos en 2011. No obstante, la mortalidad materna se mantiene por encima del promedio en los países de América Latina y el Caribe que es de 80 por cada 100,000 nacidos vivos. Existe una estrecha relación entre la mortalidad materna e infantil: en los países donde existen altas tasas de mortalidad materna también se registran elevadas tasas de mortalidad neonatal (UNICEF, 2013: 45).

El Informe de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos del Milenio de 2010 plantea que el país no logrará reducir en 75 % la tasa de mortalidad materna porque esto implicaría obtener una tasa inferior a 47 por 100,000 en 2015. (UNICEF, 2013: 73). Es difícil obtener la meta, debido a que requeriría un descenso superior al 14 % anual en promedio, lo que disiente con los datos históricos y actuales de ese proceso en el país. El informe explica que “a partir de 1991 este ritmo anual de descenso ha sido de un 1 % y en el período de mayor disminución fue de 3.3 %” (UNICEF, 2013: 73). De seguir esta tendencia será difícil alcanzar las metas del ODM, específicamente con el aumento de embarazos en adolescentes.

4. Población femenina y fecundidad adolescente

De acuerdo con los datos de ONE (2008), de las 2,233,850 mujeres en edad reproductiva del grupo etario de 15 a 49 años, 420,150 son adolescentes entre 15 y 19 años. Esta cifra representa el 18 % del total. El 71 % de las madres adolescentes tiene un solo hijo y solo el 29 % tiene entre dos y cuatros hijos. La tasa de fecundidad es proporcional a las condiciones de pobreza: a mayor pobreza más alta es la tasa y mientras más temprano ocurren los embarazos más tiende a perpetuarse el ciclo de pobreza.

4.1. Fecundidad en adolescentes por zonas geográficas

Los estilos de vida que implican las actividades políticas, sociales, culturales y económicas de las poblaciones están marcados por los lugares de residencia. Las grandes ciudades que aglutinan las mayores cuantías de recursos de salud y los más elevados ingresos pueden crear desigualdad con las ciudades que no reciben igual o similar cantidad de recursos. Es el caso de las adolescentes de las zonas rurales, que no tienen los mismos niveles de desarrollo que las urbanas, zonas en las que prima la falta de oportunidades laborales y de educación, lo que se traduce en una mayor probabilidad de embarazo.

En ese sentido, las principales causas encontradas en la prevalencia de embarazos en la zona rural del país son: (1) menor probabilidad de acceso a los centros educativos, (2) desinformación sobre su salud sexual y reproductiva, (3) creencias erróneas y saberes populares, propios de cada zona.

De acuerdo con resultados de la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2008 la zona rural presentó un 20.1 % de embarazos en adolescentes y la urbana 14.8 % (ONE; 2008). De igual forma, el boletín Panorama Estadístico (ONE, 2011) indica que el mayor porcentaje de madres adolescentes o que han tenido algún embarazo se concentra en las áreas rurales (26 %), mientras que la zona urbana asume el 18.3 %. Las cifras presentan un incremento muy similar en ambas zonas.

4.2. Embarazos en adolescentes

En un trabajo realizado en 2011, la Encuesta Demográfica de Salud (ENDESA) indicó que la tasa general de fecundidad del país disminuyó de modo constante durante varios quinquenios: de 130 nacimientos por cada mil mujeres en 1986, descendió a 86 en 2007. No obstante, para 2002 este indicador subió a 116 y experimentó un descenso durante el quinquenio siguiente, cuando bajó a 92. Sin embargo, la cifra continúa expresándose muy por encima de la media mundial y de la región (ONE, 2011).

Según la ENDESA, madres adolescentes son las del grupo etario de 15 a 19 años de edad que han tenido al menos un hijo nacido vivo. Otro dato a destacar se refiere a aquellas que al momento de ser encuestadas estaban embarazadas de su primer hijo. “La suma de estas dos categorías muestra que desde hace poco más de una década, de cada cien jóvenes dominicanas de 15 a 19 años, más de veinte ya son madres o han estado alguna vez embarazadas” (ONE, 2011). Sería importante establecer el número de embarazadas en la adolescencia temprana que abarca las edades de 10 a 13, categoría adoptada en la Asamblea 42 de la Organización Mundial de la Salud (la media se ubica en el grupo de 14 a 17 años y la tardía entre 18-19).

Un documento presentado por UNICEF (2012) con apoyo del MEPyD y el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), indica que el 22.1 % de las jóvenes en República Dominicana entre 15 y 19 años tiene al menos un hijo. Señala además, que el 33.2 % de las adolescentes y mujeres jóvenes de las familias más pobres se habían embarazado antes de cumplir 20 años. De acuerdo con UNICEF, delante de República Dominicana solo se encuentran Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Honduras. Sin embargo, en 2013 se revelaron informaciones que establecieron que el país ocupaba el quinto puesto en toda América Latina.

Indudablemente, el espacio geográfico permite observar los diversos modelos socio-económicos, históricos y culturales. De ello se percibe que las zonas que poseen el mayor porcentaje de madres adolescentes muestran un alto grado de analfabetismo, por lo que existe una relación proporcional entre ambas variables (ONE, 2013). En ese sentido, los más altos porcentajes se observaron en las provincias más pobres del país: Azua (37 %), Pedernales (35.1 %), Bahoruco (34.9 %) y Elías Piña (30.4 %). A continuación se colocan Barahona (26.5 %), La Vega (26 %), San José de Ocoa (25.5 %), Monte Plata (24.5 %), Peravia (24.5%) y San Juan (24.2 %) (ONE, 2011). De acuerdo con datos de 2013, se estima que las provincias con mayores casos son San Cristóbal, Azua y Pedernales.

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Entre aquellas provincias donde los porcentajes de madres adolescentes son menores se encuentran el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago Rodríguez y San Pedro Macorís, con menos de 15 % de madres adolescentes (ONE, 2011). Estas demarcaciones muestran bajos niveles de pobreza en relación con las demás.

4.3. La atención prenatal y al parto en el país

El 99 % de las mujeres embarazadas ha recibido atención prenatal por parte de un profesional de la salud, aunque la tasa disminuye ligeramente en Pedernales, con un porcentaje de 94.5. En los casos de madres sin escolaridad, hubo un 95.1 % (UNICEF, 2013).

Más del 98 % de los partos se realiza en un establecimiento de salud y por profesionales de la salud. En las zonas rurales este porcentaje disminuye levemente al 96 %, así como en Pedernales (86 %), Elías Piña (84 %) y en madres sin escolaridad (89.2 %). Entre las causas multifactoriales de los embarazos se destacan: falta de educación, violaciones por parte de familiares cercanos, bajo grado escolar y la deserción escolar (UNICEF, 2013).

4.4. Mortalidad materna en adolescentes

De acuerdo con UNICEF (2013), la correlación existente entre la incidencia del embarazo en adolescentes y el nivel de ingreso es muy fuerte. El 33.2 % de las adolescentes y mujeres jóvenes de las familias más pobres se habían embarazado antes de cumplir los 20 años, en comparación con el 11.6 % en el más rico. Del mismo modo, el 42.7 % de las adolescentes que se había embarazado no tenían instrucción o solo había alcanzado algún grado del nivel básico.

Los Objetivos del Milenio para República Dominicana plantean una reducción de 75 % en la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la República Dominicana. En este sentido, un estudio cualitativo realizado por Juan Montero acerca de la mortalidad materna realizado en puntos específicos del país establece:

Las muertes maternas están vinculadas con un conjunto de factores de tipos económicos y sociales que incide en el desarrollo integral de las mujeres: nivel educativo, situación económica, conducta reproductiva, historial clínico, nivel de acceso y calidad de los servicios de salud recibidos –en especial los de atención materna y planificación familiar. En este sentido, el fallecimiento por causas vinculadas a los procesos de gestación (embarazo, parto y puerperio) constituyen un indicador del grado de desarrollo sanitario, cultural y económico de las poblaciones (2012).

Montero continúa explicando las principales causas de muertes maternas:

Las principales causas de muertes maternas en República Dominicana, según los registros del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), son del tipo obstétricas directas, vinculadas a los niveles de calidad y atención médica a los cuales las mujeres en proceso de gestación están en capacidad de acceder. En promedio, el porcentaje de estos fallecimientos durante el período 1998-2011, fue de 71.3 %. Las complicaciones registradas fueron toxemia, hemorragias y complicaciones en puerperio, entre otras. De igual forma, los registros del SINAVE indican que el 70.6 % de las muertes maternas ocurridas en el país en los últimos quince años pudo ser evitado (2012).

Las principales causas de mortalidad en las adolescentes a escala mundial son las hemorragias y las infecciones. De igual manera, los abortos son más frecuentes en las jovencitas embarazadas con menos de 19 años (Torres, 2012).

En 2013, Milcíades Albert, presidente de la Sección RD del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, reveló que el 99 % de las muertes maternas que se registran en el país se produce en los hospitales públicos, por lo que el embarazo y el parto siguen siendo una razón de temor de las mujeres dominicanas (Pantaleón, 2013)

Al referirse a la mortalidad materna, Albert reveló que en el país hay un 100 % de asistencia profesional y vigilancia del embarazo, y que la tasa ronda cifras de 106 por cada 100,000 nacidos vivos.

5. Mujer y educación. Las políticas educativas establecidas en el marco de la Constitución dominicana y los acuerdos

El artículo 63 de la Constitución dominicana de 2010 establece que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades”.

La Ley Orgánica de Educación, núm. 66-97, señala que el Ministerio de Educación (MINERD) es la encargada de regular la educación básica, media y los organismos descentralizados, para efectuar los diversos planes y proyectos y los programas técnicas y mecanismos que proporcionan y posibilitan el proceso de formación educativa dominicana.

Respecto a los compromisos internacionales asumidos en materia educativa, de acuerdo con la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el art. 101 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing para lograr un saludable desarrollo democrático de la sociedad dominicana y garantizar la implementación de una educación no sexista.

5.1. Modalidad básica y media

Según datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2012), en el período escolar 2011-2012 hubo una matrícula femenina de 2,587,010 estudiantes. De esta cifra, 2,080,198, corresponden a la población urbana, mientras que 506,812 a la población rural.

En la tercera meta de los Objetivos del Milenio (ODM) se encuentra como término principal eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para 2005, y en todos los niveles de la enseñanza, a más tardar en 2016. En la medición del Índice de Paridad de Género (IPG) según la modalidad, en una relación entre niñas y niños de la enseñanza primaria (básica), secundaria y superior, se construye un intervalo entre 1.02 y 0.842 como rango de normalidad. En 2010, la enseñanza primaria obtuvo un IPG de 0.94, mientras que en 2011, estuvo en 0.92; en 2012 fue de 0.9 y en 2013 de 0.92.

La educación secundaria presenta valores del IPG ligeramente superiores: en 2010: 1.11; 2011: 1.1; 2012: 1.08 y 2013: 1.1. En tanto, en la enseñanza superior, el IPG de 2010 fue de 1.72, en 2011 fue de 1.59, mientras que en 2012 fue de 1.49 y en 2013, de 1.41 (ODM, 2010, República Dominicana).

5.2. Modalidad técnica y universitaria

Pineda y Arango (2011) indicaron que las mujeres estén subrrepresentadas en casi todas las carreras de ingeniería y resaltaron que solo el 6 % de ellas estudia Ingeniería Electromecánica, frente al 94 % de los hombres3.

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En el estudio denominado “¿Otro techo de cristal? La brecha digital de género RD en 2011”, las investigadoras exponen:

A pesar de que las mujeres representan el 62 % de la matrícula universitaria, estas solo son el 32 % de los matriculados en ciencias básicas y tecnologías. En cambio, los hombres son el 68 % de los matriculados en esas carreras. Apenas un 7 % de mujeres estudia ingenierías y/o tecnologías, en contraposición con 15 % de los hombres. (2011).

En cuanto a la formación técnica, las profesionales advierten que las mujeres también están en desventaja en este campo y citaron que la distribución porcentual de egresados de educación continuada del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), según tipo de programa por sexo del 2010.

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En tanto, los egresados del ITLA de los programas de Educación Continua por sexo durante los años 2006-2010 fueron 81.69 % hombres y 18.31 % mujeres.

Respecto a los estudiantes beneficiados por el Fondo para la Excelencia Académica del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en conjunto con el ITLA, establecieron que 64 % son hombres y 36 % mujeres, además de que las mujeres enfrentan un déficit en la formación universitaria en ciencias y tecnología, registrando 12.67% en ciencias de la salud; 22.54 % en ciencias básicas y tecnologías; 25.65 % en ciencias filosóficas y humanidades y 39.12 % en ciencias sociales.

Los datos del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) presentados en su Informe general sobre estadísticas de educación superior 2006-2009, indican que 295,107 personas han egresado del ciclo de educación superior en el periodo 1990-2004, de los cuales 67.7 % son mujeres. Al desagregar esta información se obtiene que 72.7 % del total de egresados corresponden al nivel de grado, el 20.2 % al nivel técnico y el 7.1 % a posgrado. Para la fecha, el porcentaje de mujeres en la educación superior superaba al de hombres: 61 % frente a 39 % (MESCyT, 2009).

6. Paridad de género

La paridad de género en la educación hace referencia al valor comparativo entre grupos de población de ambos sexos en los distintos niveles educativos. La paridad es parte elemental para la igualdad de género.

Como primer paso para alcanzar el tercero de los ODM, relativo a la educación, la meta planteada era lograr la paridad entre los géneros en los niveles primario y secundario para el año 2005 y en todos los niveles para 2015.

Para medir la brecha en educación se utiliza el Índice de Paridad de Género (IPG)4, el cual se obtiene dividiendo la cantidad de niñas entre la cantidad de niños matriculados en un mismo nivel escolar. De acuerdo con los datos publicados en 2011 por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) de los años 2005-2007, el IPG era de 0.96, en la educación primaria. En 2007 esta brecha aumentó en 0.93, alejándose 0.7 del punto de paridad ideal. En cuanto a la educación secundaria, en 2005, el IPG estuvo en 1.18 y en 1.27 en 2007, representando una distancia de 0.15 en el primer año y de 0.9 en el segundo, colocándose a 0.24 para alcanzar la meta.

ENHOGAR de 2007 establece que en el nivel básico hubo 93 niñas inscritas por cada 100 alumnos registrados, mientras que en el nivel medio, por cada 100 niños inscritos hubo 127 niñas inscritas, de acuerdo con el informe de la ONE Panorama Estadístico no. 11. Deserción escolar en República Dominicana. Dicha situación se explica por el hecho de que los niños abandonan la escuela en mayor proporción que las niñas debido a que los niños se insertan en actividades productivas incompatibles con el calendario escolar.

Los datos de la encuesta revelan que existe mayor disparidad entre los géneros en el nivel medio que en el básico. Así, si se observan los datos por zona, la parte rural se encuentra ligeramente distante de alcanzar la paridad de género en ambos niveles. Esta discrepancia no parece explicarse por las condiciones económicas, ya que se repite el mismo patrón en todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, el estudio revela que en el estrato socioeconómico más bajo, en el nivel medio, las niñas están ligeramente en desventaja en relación con la cantidad de niños inscritos (ENHOGAR, 2007).

7. Mujer y mercado laboral

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2010-2030) establece la integración del enfoque de género como eje transversal en toda política pública. Es así como en el segundo eje, relativo a la calidad del sistema educativo, se propicia el desarrollo humano y el ejercicio progresivo de ciudadanía responsable en el marco de valores y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género, así como a la universalización de la educación en todos los niveles, incluyendo niñas y niños sin documentación.

En el artículo 63 de la Constitución dominicana se establece el derecho a una “educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades”. De igual modo, debe cumplir con los compromisos internacionales asumidos en materia educativa, de acuerdo con la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, los ODM, la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, art. 101) y la Plataforma de la IV Conferencia de la Mujer, esto para garantizar un saludable desarrollo democrático de la sociedad dominicana.

No obstante, el tipo de trabajo que realizan la mujer y el hombre, la suma de los salarios percibidos y las posibilidades de ascenso en el mercado laboral implican diferencias y demuestra cómo, a pesar de la superioridad respecto a la formación universitaria, técnica y/o de años de escolaridad con relación al hombre, las condiciones para la mujer son discriminatorias y no se toma en cuenta su capacidad productiva (Corporán, 2009).

Con relación al campo, las labores agrícolas han disminuido en el mercado dominicano durante las últimas cuatro décadas, en comparación con la de los sesenta. La economía del país se constituía con la exportación de azúcar, café y cacao. Para la época, las relaciones entre los géneros masculino y femenino en las zonas rurales se establecían bajo un estricto código de características y roles de género que sustentaban la división tradicional del trabajo (Quiroga, 2001).

En este sentido, las tareas domésticas, incluyendo el trabajo agrícola y la pecuaria de subsistencia, estaba a cargo de las mujeres; los hombres, por su parte, se van insertando en la proletarización de las labores agrícolas.

Actualmente, ante los cambios económicos verificados, el país ha tenido que desarrollar otras fuentes de divisas más constantes que la producción agrícola. Desde el año 1995, la tasa global de participación en el mercado laboral ha registrado un incremento: de 51.94 en 1995, a 55.52 en 2008. Dicho incremento responde a un crecimiento de la economía y sobre todo, al cambio estructural fruto del conjunto de reformas iniciado en la década pasada, lo que implicó la privatización de empresas del Estado y el desarrollo del sector servicio (hotelería, turismo y zonas francas) (CEPAL, 2006).

En esa línea, Hernández (2000) afirma:

La crisis económica y las políticas de ajuste estructural aplicadas durante las décadas de los años ochenta y noventa, rompió el patrón de división social en la unidad familiar, donde la mujer tenía el rol de criar los hijos. El proceso se acicateó con la elevación del nivel educativo y las nuevas ideas sobre el rol de la mujer en el desarrollo; esto condujo a la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo y la política.

Quiroga (2001) plantea:

Mientras los hombres prefieren carreras técnicas para entrar mucho más rápido en el mercado laboral, las mujeres ponen más empeño en terminar la educación terciaria para poder competir. No obstante, muchas veces esta opción pierde su fuerza competitiva ante la petición de años de experiencia como requisito principal para ingresar a una empresa. Esta mora para entrar al sistema, va de mano con la solicitud implícita de la familia tradicional de que la mujer debe permanecer más tiempo en la casa para realizar los quehaceres domésticos.

En el sector de zonas francas, la mayoría de los empleos que se originan implican un bajo nivel de capacitación, no existe un ejército industrial de reserva. Empero, cabe señalar que la ocupación de estos puestos es fundamentalmente femenina. La colocación de los hombres se hace específicamente en trabajos de tipo técnico y administrativo. En un estudio realizado en la provincia San Cristóbal en 2008, que abarcó las zonas de los Bajos de Haina, Parque Industrial ITABO, San Gregorio de Nigua y la Armería, se observó lo siguiente:

El índice de feminidad en la posición de obrera es de 1.87, un valor muy alto que implica que por cada hombre trabajando como obrero hay casi dos mujeres en esta misma posición. Sin embargo, para el caso de los mejores puestos, como lo son técnicos y administrativos el índice de feminidad se deprime a 0.47 para los técnicos y 0.84 para el personal administrativo (Torres, 2008).

En el Análisis del estado de situación de la educación dominicana 20135 desde una perspectiva de género y mercado laboral, elaborado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), se muestra que “el nivel educativo de las mujeres no es garantía de más alta y mejor participación en el mercado laboral del país” (Rijo, 2014).

Lourdes Contreras, directora del CEG, y las educadoras María Cantizano y Desirée del Rosario señalan que “[…] un mayor nivel de escolaridad no garantiza que la población económicamente activa (PEA) reciba igual remuneración que los hombres de igual nivel educativo”.

Paradójicamente, esta diferencia se acrecienta en la medida en que aumenta el nivel educativo, ya que el salario por hora de las mujeres sin ningún nivel de instrucción representaba el 88.1 % del devengado por los hombres en igual condición, en tanto, que las mujeres ocupadas con estudios secundarios y universitarios percibían ingresos por hora equivalentes al 71.7 % y 71.9 %, respectivamente del percibido por los hombres6. Y es que, a pesar de que las mujeres han avanzado hacia la paridad con relación a los hombres en el ámbito educativo, las brechas en los niveles de ocupación se mantienen en perjuicio de las mujeres (Rijo, 2014).

Al mismo tiempo, declaró Contreras que el CEG-INTEC desea contribuir a la necesaria valoración de la inclusión del enfoque de género en las políticas educativas en el país. Sobre todo, considerando su papel en el desarrollo de una educación inclusiva como práctica de la libertad.

Alejandrina Germán, ministra del Ministerio de la Mujer (MMUJER), expresó durante la presentación del sello “Igualando RD”, que las mujeres con igual capacidad profesional que los hombres ganan salarios 20 % por debajo de los hombres”. Revelo también que las mujeres ocupan solo el 30 % de los puestos gerenciales, son el 36 % de las personas ocupadas y registran desempleo de 23.1 % más del doble del porcentaje de hombres, que es 9.7 % (Paniagua, 2014).

El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo (MT), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y MMUJER, y condecorara a las empresas y organizaciones que desarrollan un modelo de calidad con equidad de género promoviendo la eliminación de las desigualdades de género en el ámbito laboral en el país (Paniagua, 2014).

La ministra explicó que la situación de desventaja de las mujeres en el mercado laboral discrepa con los progresos en el campo educativo. “El 11 % de las dominicanas ocupadas en el mercado laboral tiene educación universitaria o post-universitaria, en contraste con el 4 % de los hombres ocupados”.

En el seguimiento de los ODM, se observa la proporción de mujeres en empleos asalariados del sector no agrícola. A escala provincial en 2010, la provincia Hermanas Mirabal obtuvo el índice7 más alto (48.9), seguida del Distrito Nacional (48.7) y Dajabón (45.2). El más bajo fue en La Altagracia (36.6). Dichos cálculos son elaborados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en base a la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) del Banco Central (ODM, 2010, República Dominicana).

7.1. La mujer y el campo

Las disparidades en el acceso a la tierra son una de las causas principales de la desigualdad social y de género en las zonas rurales. Los derechos diferenciados por el género tienen consecuencias para la seguridad alimentaria rural y la nutrición, así como para el bienestar de las familias y las personas.

La Articulación Nacional Campesina (ANC) agrupa a 100,000 pequeños y medianos productores agrícolas en dos confederaciones, 15 federaciones y una junta campesina (2014). Su representante, Juana Mercedes, expresó que “las mujeres del campo sufren discriminación por su género, por vivir en poblaciones rurales pobres y por ser trabajadoras agrícolas de subsistencia en zonas abandonadas por el Estado”. Mercedes dijo que contra las mujeres se ejerce una violencia estructural que disminuye sus oportunidades” (Rijo, 2014).

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas fue fundada el 1ro. de noviembre de 1986 y cuenta con unas 10,000 afiliadas de unas 150 asociaciones y 15 federaciones en toda República Dominicana. Es una organización de cobertura nacional que promueve los intereses y derechos de las mujeres y reivindica la lucha por una vida digna sin violencia y sin exclusión (CONAMUCA, Documentos 1y2).

La reforma agraria dominicana de 1997 eliminó las restricciones de las mujeres para acceder a la tierra, aunque actualmente sigue encontrando una serie de condicionamientos sociales, culturales y económicos que les impiden el buen ejercicio de sus derechos tanto como productoras, como ciudadanas, para acceder, usar y ser capaces de controlar los recursos (Mujeres campesinas en República Dominicana: derechos y realidades).

7.2. Trabajo doméstico no remunerado

El trabajo doméstico es un oficio desempeñado básicamente por mujeres y puede dividirse en dos formas: el trabajo no remunerado y el trabajo asalariado. “Los datos acerca del trabajo remunerado ha adolecido de comparación y precisión, esto debido al elevado número de trabajo doméstico no declarado de las encuestas” (ONE, 2011).

De acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH, 2007), las personas que tienen el servicio doméstico8 como su ocupación u oficio principal representaba el 5.6 % del total de las personas ocupadas, quedando así dentro del rango requerido9 para los países en desarrollo. El 96.5 % de las mujeres en el país realiza esta labor, mientras que los trabajadores domésticos masculinos son solo el 3.4 % (ONE, 2011).

En tal sentido, el boletín de la ONE afirma:

El mayor porcentaje se desempeña como personal doméstico y afines, limpiadoras, lavanderas y planchadoras, sin distinción por sexo. Sin embargo, las mujeres se dedican más que los hombres a los “trabajos de cuidados personales y afines”. Esta última categoría incluye cuidadores de niños, niñas y personas que prestan servicios personales a domicilio (2011).

El Foro Feminista (FF), grupo social conformado por mujeres activistas que trabajan por la equidad de los derechos, se pronunció en cuanto al “trabajo doméstico, considerando que debe ser mejor remunerado, específicamente debido a que se trata de un empleo desvalorizado y que vulnera una gran cantidad de derechos de las mujeres”.

Con el apoyo de Oxford Committee for Famine Relief, el FF presentó una propuesta para la mejoría de los derechos femeninos en la denominada Agenda Feminista Dominicana: 2014-2020, señalando demandas en trece áreas: autonomía económica, trabajo doméstico y de cuidados, violencia basada en el género, salud y derechos sexuales y reproductivos, participación política, educación, género y TIC, mujeres migrantes, mujer y vejez, mujer y discapacidad, derechos de la población lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT); Ministerio de la Mujer y legislación (El Caribe, 2014).

En el marco del Proyecto de Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y la Gestión de la Administración Pública, Participación Ciudadana (PC) presentó el informe Equidad de género en la aplicación de la Ley de Función Pública 41-08, de la autora Elsa Alcántara Zapata. El estudio, realizado con la colaboración de la organización internacional Oxfam y la Unión Europea (UE), explica que en la Administración Pública, la mayor participación en los empleos con mejor remuneración corresponde a los hombres, mientras que las mujeres se sitúan en los niveles subordinados y medios (Suriel, 2014).

En definitiva, el ejercicio de recepcionistas y secretarias es realizado por mujeres, empero las labores de chofer, seguridad y tecnología son efectuadas por hombres, contribuyendo cada vez a la segregación sexual.

Alcántara Zapata expone al respecto:

Los bajos salarios que perciben las mujeres en sus puestos de enfermeras, maestras, médicas y empleadas de oficina en administración pública, y, por otra parte, la alta tasa de mujeres jefas de hogar como únicas proveedoras del ingreso familiar, las obliga a laborar en dos y hasta tres turnos de trabajo, situación que es causante de estrés y de enfermedad (Suriel, 2014).

El informe también muestra que “aunque en la profesión médica se feminiza cada vez más, los puestos de dirección son masculinos, igual que en la enfermería, donde el 97 % de participación es femenina, pero los jefes son también hombres” (Suriel, 2014).

8. Mujer y acceso a la información

El Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), creado para desarrollar trabajos de investigación-acción con el compromiso feminista, adoptó desde su fundación, en diciembre de 1980,

[…] el feminismo como la filosofía que orienta su quehacer institucional, entendido este como el pensamiento y la acción de las mujeres para enfrentar la discriminación y subordinación y contribuir a la liberación de las opresiones patriarcales en el conjunto de la sociedad (CIPAF, 1980).

El CIPAF presentó en 2011 el estudio anteriormente mencionado ¿Otro techo de cristal? La brecha digital de género en la República Dominicana, como parte del proyecto “Género y Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)” desarrollado con el apoyo de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU-Mujeres). Uno de los resultados obtenidos planteó la existencia de la brecha de género en el uso de las computadoras y el acceso a Internet.

El CIPAF, representado por Magaly Pineda y la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CNSIC), dieron a conocer los resultados del proyecto “Género y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)10”, estudio que relata que el 75.8 % de las mujeres en el país no ha utilizado el Internet en los últimos 12 meses, contra 24.2 % que sí lo ha hecho, destacando así una amplia brecha digital en el sector femenino (CIPAF, 2014).

En el país, el INDOTEL y otros actores gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil presidieron la CNSIC para la coordinación de estrategias que incluye la equidad de género como una de sus áreas principales, definiendo proyectos y objetivos específicos para el desarrollo de capacidades, la disminución de la brecha digital, la aplicación de las TIC y la creación de contenidos.

Por su parte, el Ministerio de la MUJER (MMujer) ejecuta el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG) (ahora PLANEG II), cuyo eje fundamental consiste en la promoción de la participación de las mujeres en la sociedad de la información y del conocimiento, postulando dicha participación como la base para el empoderamiento y progreso de las mujeres. Para lograr esta meta, el PLANEG tiene áreas de intervención, líneas de acción y un conjunto de iniciativas orientadas a incorporar el enfoque de igualdad de género en las políticas públicas sobre las TIC.

En 2011 se conformó la Mesa de Trabajo Género y TIC, compuesta por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), el MMUJER y la Estrategia Digital de la República Dominicana. Esta alianza se encuadra dentro de la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y Conocimiento (CNSIC) que coordina la “e-dominicana”, con miras a impulsar la igualdad y la equidad de género en el diseño de políticas públicas nacionales referentes a las TIC y con el propósito de constituir un eje transversal de la nueva “e-dominicana”, por medio de políticas, planes, programas y proyectos que posibiliten cerrar la brecha digital.

9. Mujer en la toma de decisiones del Estado

Los aportes sociales y políticos de la mujer son considerados como una de las bases fundamentales para la construcción de equidad de género y el bienestar de la familia. La participación idéntica de ambos géneros es un requisito necesario en una sociedad para la consecución de decisiones que permitan construir equilibradamente la toma de decisiones que aporte a la construcción del Estado.

En atención al tercer objetivo del milenio, que promueve la igualdad entre los sexos, la representación de las mujeres en los espacios públicos en la actualidad es baja. El boletín Panorama Estadístico enuncia:

Durante la última década la participación de la mujer aumentó, en América Latina, de 9 a 14 % en el Poder Ejecutivo (en posiciones ministeriales), de 5 a 13 % en el Senado y de 8 a 15 % en la Cámara Baja” (2011).

Respecto a República Dominicana, acorde con los datos suministrados por la Junta Central Electoral (JCE), “la proporción de puestos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales pasó de 10 a 19 % del año 1994 al 2010”. En tal sentido, la paridad de género aun no alcanza los logros deseados (ONE, 2011).

De acuerdo con las Estadísticas para la planificación social con perspectivas de género (2002-2010),

[…] la representación [de la mujer] en la Cámara de Diputados ha venido ascendiendo en el decenio 1990-2010, pasando de un 12 % en 1990 a un 16 % en 2002 y finalmente a un 21 % en 2010. Sin embargo, la proporción de mujeres en el Senado permaneció durante toda la década 2000-2010 aún por debajo del 10 % y con un aumento no sostenido de su proporción, pasando de 0 a 7 % en 1998, disminuyendo a 6 % en 2002 y elevándose de nuevo a 9 % en 2010 (Estadísticas para la planificación social con perspectivas de género. SEM-PNUD-FNUAP 2000 y Junta Central Electoral, 2002-2010).

Una proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales, calculada en base a un indicador que hace posible medir el crecimiento experimentado por la mujer en la obtención de escaños desde 1990 a 2012 en el país, determinó que la mujer obtuvo una participación parlamentaria de 9.3 en 1990, mientras que durante los años 2006-2007-2008-2009 incrementó a 17.1, en tanto que para 2010-2012 alcanzó un crecimiento de 19.5 (ONE, 2011).

En cuanto a los gobiernos locales del país, los puestos son ocupados en su mayoría por hombres. Para el año 2002, el porcentaje de mujeres regidoras a escala nacional fue de 30 %; en 2006 disminuyó a 27 % y en 2010 aumentó a 33.3 %. Un dato significativo respecto a la cuota femenina se observa en 2006, cuando el 62 % de los municipios del país se ubicaba por debajo del 33 %, dispuesto por ley. En las elecciones de 2010 hubo 959 representaciones femeninas en los 155 municipios del país.

10. Feminicidios

El fenómeno del feminicidio en el país continúa siendo un grave problema social y el número de casos va en aumento. Las cifras a continuación permiten observar la situación.

Las unidades especializadas de violencia de género de la Procuraduría General de la República (PGR) recogieron entre enero y noviembre de 2013, 47,283 denuncias de violencia de género. Asimismo, registraron 86 muertes femeninas a manos de sus parejas o exparejas durante ese mismo año en el país. Los números reflejan una reducción de 17 casos respecto a 2012, año en que 103 mujeres perdieron la vida a consecuencia de la violencia de sus parejas (PGR, 2014).

En tal sentido, un grupo de organizaciones de la sociedad civil compuesta por la Colectiva Mujer y Salud presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las circunstancias que afectan a la mujer dominicana, tanto por los feminicidios, el acoso sexual laboral, la carencia de derechos sexuales y reproductivos y la alta mortalidad materna e infantil, entre otros males (Acento, 2014).

La coalición de organizaciones11 expresó la situación de violencia contra la mujer, los altos índices de feminicidio, el acoso laboral, la prevalencia de la violencia sexual y la violencia ocurrida en los centros de salud. Otro punto relevante es la denegación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dando especial importancia a los altos índices de mortalidad materna, las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto y el aumento del embarazo adolescente (Acento, 2014). Con relación a estos mismos temas, el Foro Feminista (FF) entiende:

Es inaceptable mantener la penalización total del aborto y que urge ampliar la tipificación del feminicidio en el Código Penal. Demandamos la aprobación y aplicación efectiva de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de Todas las Formas de Violencia Contra las Mujeres (El Caribe, 2014).

11. Las políticas de los organismos internacionales respecto a la mujer

Hace 14 años, en septiembre de 2000, 189 líderes mundiales se dieron cita en la sede de las Naciones Unidas para combatir la pobreza extrema en la que se encuentra más de mil millones de personas, la meta es erradicarla para el 2015. Es con este fin que se establece una hoja de ruta con ocho objetivos claros y medibles, los cuales se conocerían como los ODM. El objetivo número tres plantea la promoción e igualdad de género y la autonomía de la mujer: “las mujeres y niñas son las más afectadas por la pobreza”. Sin embargo, en el informe de seguimiento de los ODM 2010, que monitorea las estrategias implementadas para el logro de los objetivos, se vislumbra que solo 18 de 113 países cumplirán con el objetivo de tener todas las niñas escolarizadas para el 2015.

En tal sentido, la ONU, en la persona de su secretario general Ban Ki-Moon, acogió el pasado 8 de marzo, en la 58 sesión de la Comisión de Estatuto Jurídico Social de la Mujer, en la que se pasó revista a la situación de la mujer y niñas en el mundo y los avances logrados en el marco de los ODM a escala global, regional, nacional y local. Esta sesión se realizó bajo la coordinación de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW, por sus siglas en inglés), organismo más antiguo creado para la defensa de los derechos de las mujeres de la ONU.

La directora ejecutiva de ONU-mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, entiende que los avances en los objetivos del milenio en el ámbito de la mujer son descritos como un área que tiene un avance “lento y desigual, tanto dentro como entre los países” (EFE, 2014).

La representante de las mujeres ante la ONU, también externó su preocupación:

…por la falta de progreso de los grupos más marginados de mujeres y niñas y las personas que experimentan múltiples formas de discriminación por motivos de género, estado civil, edad, ingresos, ubicación demográfica, idioma, origen étnico, discapacidad y raza, o porque las mujeres y niñas de zonas rurales o indígenas, así como, por las mujeres y niñas que viven con el VIH y el sida (CIPAF, 2014).

Consideraciones finales

El número de mujeres es mayor en la zona urbana, en tanto, la cantidad de hombres es mayor en la zona rural. La observación de este fenómeno permite sugerir estudios más profundos en cuanto a la migración por sexo y a su distribución zonal.

La educación sexual debe ser un eje transversal cuya implementación posibilite en los adolescentes el ejercicio de una sexualidad responsable que incida en la disminución de los embarazos en este segmento poblacional. En tal sentido, la responsabilidad del Estado representado en la escuela implica la elaboración de políticas que contribuyan a la reducción del fenómeno.

A pesar de los logros alcanzados las mujeres siguen siendo las más pobres entre los pobres y la crisis económica contribuye a la feminización de la pobreza. Los feminicidios continúan aumentando.

En definitiva, es imprescindible la elaboración e implementación de políticas públicas que contribuyan a mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos

Referencias

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Notas

1. El artículo 134 de la Constitución dominicana promulgada el 26 de enero de 2010 designa las secretarías de Estado como ministerios. En apego a esa normativa constitucional, el 8 de febrero siguiente el Poder Ejecutivo emitió el Decreto núm. 56, mediante el cual, 19 secretarías pasaron a identificarse como ministerios.

2. La meta es de 1.

3. De acuerdo con una muestra de una encuesta realizada en ocho universidades dominicanas (INTEC, ITLA, PUCMM, UCSD, UNAPEC, UAPA y UASD.

4. Un índice mayor a 1 significa que hay mayor número de niñas que niños en el nivel calculado y mayor número de niños que niñas cuando el índice es menor que 1. No obstante, se considera que un país ha alcanzado la paridad en la educación, cuando el índice se encuentra entre 0.97 y 1.03, considerándose lo ideal 1.0.

5. El análisis se presenta desde una mirada prospectiva del papel de la educación en la transformación de las relaciones de género, y su manifestación en términos políticos, ideológicos, culturales y socio-económicos.

6. En 2011, el ingreso promedio por hora de trabajo de las mujeres representaba el 90 %, respecto al ingreso percibido por los hombres.

7. Cálculos realizados en base al número total de mujeres con empleo remunerado en el sector no agrícola se divide por el número total de personas con empleo remunerado en ese mismo sector, luego se multiplica por cien.

8. También llamado trabajo del hogar.

9. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el rango requerido era de 4 a 10 %.

10. El proyecto busca incorporar la perspectiva de género en la Estrategia Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento en la República Dominicana.

11. Compuesta por Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), y Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).