Si se realiza una serie de tiempo del PRD 1962-2012 y no se verifica un cambio de siglas, esto no se debe solo a una realidad legal, sino, más importante, a una realidad sociopolítica. Entenderlo necesita echar un vistazo a varios acontecimientos relevantes.

El objetivo de este análisis es presentar las soluciones adoptadas por 17 países de Iberoamérica en contraste, por un lado, con la legislación electoral vigente en República Dominicana y, por el otro, con el Proyecto de Ley Orgánica Electoral que promueve la Junta Central Electoral.

El supuesto de que la identificación de los donantes a las campañas electorales y a los partidos constituye un elemento importante para transparentar la actividad política y proteger la democracia goza hoy de gran aceptación.

La cercanía de las elecciones puede ser considerada por algunos como causa y por otros como excusa para posponer la discusión sobre la ley de partidos.